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Defender la soberanía alimentaria es un compromiso impostergable, afirma Diego Segovia, sociólogo e investigador de Base Investigaciones Sociales. El año pasado, Paraguay exportó más de 4,3 millones de toneladas de soja y 370 millones de dólares en carne. Al mismo tiempo, 600.000 niños sufren desnutrición y 270.000 nuevas personas se incorporaron a la lista de aquellos que no pueden acceder a una alimentación básica. “¿No es una ironía que, siendo un país privilegiado para la producción de alimentos, 1.170.000 personas no puedan comer lo que necesitan para llevar una vida digna?”

–¿Cuál es la causa que lleva a Paraguay a la extrema pobreza?
–Una injusta distribución de la riqueza y la ausencia histórica de una política de reforma agraria seria. Estamos en la lista de los diez países más desiguales del mundo. El campo es el lugar en el que más se agudizan las desigualdades. Un cuarto del territorio nacional se entregó como prebenda en la época de la dictadura, y los gobiernos posteriores nada han hecho por revertir esta situación.

Las familias campesinas, son aproximadamente el 40% de la población nacional, apenas tienen un 5% de las tierras del país, según datos de la misma UGP. Es decir, un cálculo bruto nos permite afirmar que solamente esta proporción del territorio está destinada a la producción de alimentos diversificados para el consumo nacional (excluyendo los lácteos y otros alimentos producidos en gran escala). El resto, en manos de sojeros y ganaderos, se orienta principalmente a generar ganancias a un reducido grupo de empresarios por medio de la exportación.

–¿Se debe a la corrupción e impunidad vigente en el Gobierno?
–En gran parte, las desigualdades han sido producto de la corrupción. No es casualidad que en el mundo la corrupción y la desigualdad hayan ido siempre de la mano. Pero la corrupción también está relacionada con el ensamblaje de un sistema económico y jurídico injusto que privilegia excesivamente a ciertos sectores de la sociedad.

–El presidente Lugo prometió una reforma agraria integral.

–Para alcanzar la soberanía alimentaria urge la aplicación de una reforma agraria integral, pero el Estado paraguayo y la sociedad en general han postergado de manera indefinida este compromiso. Las ocupaciones son el único medio por el cual los campesinos/as han podido hacer visible su reclamo por una reforma agraria integral, que en el fondo debería ser un reclamo de toda la sociedad, pero ante esto se les ha respondido con amenazas, asesinatos selectivos de líderes y con la criminalización de sus luchas.

Se ha llegado a construir un imaginario colectivo que se acusa a los campesinos de ilegales, mientras que olvida absolutamente cuestionar la ilegalidad de los títulos inmobiliarios de la mayoría de los latifundistas.

–Una política alimentaria ausente en Paraguay.

–Lo único que ha habido en Paraguay han sido políticas asistencialistas de distribución de alimentos en sectores vulnerables. El “vaso de leche” como el Proan, pueden fomentar la dependencia alimentaria en las comunidades campesinas ya que enseñan a los productores a esperar del Estado y no a producir en condiciones favorables. El Gobierno comenzó a hablar de un programa Hambre Cero como el de Brasil, lo cual puede ser positivo, siempre que se abastezca de la producción local de las familias campesinas y no termine desalentando aún más la producción de alimentos.

–¿Es importante un proyecto de ley que garantice el derecho a la alimentación adecuada?

–Puede ayudar, pero más que nada falta compromiso en las acciones porque muchas leyes duermen en los cajones del Poder Judicial. Actualmente, estamos trabajando con un grupo de personas e instituciones en la promoción de un proyecto de ley que garantice a cada persona en Paraguay su Derecho a la Alimentación Adecuada. Se ha buscado abrir un proceso participativo que incluya a las organizaciones sociales, y los resultados serán presentados en algunos meses.

–¿Hay desigualdad social?

–Las familias campesinas, abandonadas desde siempre, sin infraestructura mínima ni asistencia para la formación de capital humano, hoy sufren la inmisericorde aplicación de agrotóxicos en los campos vecinos que contaminan los suelos y las aguas que deben tomar, matan sus cultivos, sus animales e incluso a sus propios hijos. Al no poder comercializar directamente lo poco que tienen, tienen que luchar contra una cadena de extorsión que remunera ínfimamente sus arduas labores.

–Defender la soberanía alimentaria es una lucha instalada en Latinoamérica.

–Así como se discute en el país sobre la soberanía energética, para el Estado paraguayo es estratégico avanzar en pos de la soberanía alimentaria, que es el derecho de los pueblos del mundo a definir autónomamente su política agraria y alimentaria, sin injerencia de otros países o instituciones. Es el derecho que tienen los campesinos/as a producir sus propios alimentos y el derecho de los/as consumidores/as a decidir lo que quieren consumir, cómo consumir y de quién abastecerse.

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