Una mujer británica a la que en 1995 se le diagnosticó esclerosis múltiple ha perdido la batalla legal que promovió para que la Dirección General de Delitos Públicos clarifique su posición sobre la ayuda al suicidio asistido para enfermos terminales, ya que la Justicia ha considerado que cualquier pronunciamiento implica un cambio legislativo que competería al Parlamento

   A la salida del tribunal, Purdy se mostró "muy decepcionada" por el fallo judicial, que pese a reconocer "gran cercanía" tanto por su caso como el de "todos aquellos en una posición similar", subrayó que la demanda "implicaría un cambio en la ley".

   "El delito de suicidio asistido presenta un plano muy amplio para que abarque todos los supuestos de circunstancias diferentes", recordaron el juez lord Scott Baker y el magistrado Aikens, quienes añadieron que "implica un cambio en la ley y sólo el Parlamento puede hacerlo".

   Sin embargo, los abogados de la mujer alegaron que la incertidumbre en torno a la posibilidad de que exista una acusación en un caso como éste sitúa a la Dirección de Delitos Públicos fuera de la Convención Europea de Derechos Humanos, que en su artículo ocho regula sobre el respeto a la vida privada y familiar.

ARGUMENTOS

   Pese a ello, los responsables de la decisión consideraron que el organismo judicial no precisa de ninguna clarificación, si bien insistieron: "No podemos dejar este caso sin expresar gran simpatía por Debbie Purdy, su marido y otros en una posición similar que desean saber con antelación si se enfrentarán a una acusación por hacer algo que muchos consideran que la ley debería permitir, sobre todo para ayudar a un ser querido a ir al extranjero a acabar con su sufrimiento cuando no lo puede hacer por sí mismo".

   No obstante, incidieron en que requiere modificar la normativa vigente, una capacidad para la que sólo tiene competencia el Parlamento, si bien garantizaron a la mujer la autorización para recurrir al Tribunal de Apelaciones, al considerar que el caso es de interés público.

SITUACIÓN ACTUAL

   En este sentido, la asistencia al suicidio es un delito que puede acarrear hasta 14 años de prisión en Inglaterra y Gales. No obstante, se tiene conocimiento de más de 90 británicos que se han trasladado acompañados de familiares a países en los que es legal, si bien nadie ha sido imputado hasta ahora, incluso pese a las investigaciones promovidas por la policía en algunos casos.

   El último episodio lo protagonizó la promesa del rugby Daniel James, de 23 años, quien fue ayudado por sus padres a viajar a Suiza para acabar con su vida tras sufrir una parálisis de pecho para abajo a raíz de un incidente en una melé durante un partido de marzo del pasado año. James acudió a la clínica helvética Dignitas y la Fiscalía evalúa actualmente si sus progenitores debería recibir cargos.

IMPLICACIÓN POLÍTICA

   Por todo, Debbie Purdy confió en que el Tribunal de Apelaciones adopte una "visión diferente", si bien aprovechó también para apelar al Parlamento a revisar la normativa que lleva vigente desde 1961. "No entiendo cómo pueden haber pasado 47 años y nadie la haya analizado más seriamente", denunció, tras lo que se mostró "contrariada" por el hecho de que "se podría haber hecho tanto" para definir los aspectos legales simplemente con la "implicación de los políticos".

   En consecuencia, reclamó líderes "que debatan qué es necesario hacer, porque si la gente habla sobre la necesidad de salvaguardas, proteger a los vulnerables, hay que saber qué es necesario para proteger a la gente". En este sentido, durante su batalla legal estuvo apoyada por las organizaciones 'Dignidad para Morir', anteriormente conocida como la 'Sociedad Voluntaria por la Eutanasia'.