La subcomisión parlamentaria que estudia la reforma del aborto se ha constituido pese a la oposición del Partido Popular, que estima que no existe una demanda social que justifique modificar la ley. El PSOE ha titubeado en exceso sobre la conveniencia de tramitar una nueva ley, pero ahora que se ha decidido, sería deseable que en cuanto la comisión emita su informe, dentro de seis meses, lo haga con celeridad. Con la ley vigente, las mujeres han podido durante estos 23 años interrumpir los embarazos no deseados, pero en unas condiciones que ya no son aceptables. El hecho de que sólo se pudiera abortar sobre unos supuestos legales ha propiciado una interpretación extensiva de la ley en uno de los supuestos, pero cuanto más laxa era su aplicación, mayor era también la inseguridad jurídica que se generaba, tanto para las mujeres como para los profesionales sanitarios.

La mayoría de los casos de aborto se han acogido al supuesto de peligro físico o psíquico para la madre. El hecho de que la decisión de las mujeres esté supeditada a la obtención de un informe médico que lo justifique limita el derecho de la mujer a la autonomía reproductiva y la coloca en situación de vulnerabilidad frente a las represalias de compañeros o maridos despechados y las acciones obstruccionistas de los grupos provida, como puso de manifiesto el lamentable episodio de la clínica Isadora de Madrid.

Entre 1998 y 2006, 30 personas fueron condenadas, 11 de ellas mujeres, por un delito de aborto ilegal. Otras muchas se han visto en la desagradable situación de ver su historial clínico aireado en los juzgados. La virulenta reacción de los grupos antiabortistas logró que la prestación asistencial fuera expulsada en la práctica de los hospitales públicos: no llega al 3% el porcentaje de abortos atendidos en la red pública. Es urgente pues corregir la normativa. Una ley que combine los plazos y los supuestos podría ser una buena solución. Se trata de que las mujeres puedan abortar, sin requisitos, durante un periodo a determinar (14-16 semanas) a partir de las cuales se permitiría abortar sólo en casos de malformación del feto o grave peligro para la vida de la madre. El Consejo de Europa aprobó en abril recomendar la aplicación de leyes de plazos; 32 de los 47 países que forman el consejo ya la tienen.

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