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Durante los últimos años hemos visto cómo se han multiplicado los fallos judiciales a favor de parejas que sufren problemas con su fertilidad, obligando a obras sociales y prepagas a pagar los tratamientos de fertilización asistida. Esta situación es producto de un vacío legal cuya solución está en que diputados y senadores acuerden una ley.

En Argentina, un 15% de la población en edad de concebir experimenta problemas de fertilidad, 600.000 parejas según la Sociedad Argentina de Esterilidad e Infertilidad. En los últimos años, las estadísticas indican que la tendencia va en ascenso.

Argentina es uno de los pocos países sin legislación al respecto. Médicos, pacientes y niños nacidos bajo tratamientos de reproducción asistida, que ya son muchos, necesitan tener un marco regulatorio.

En la Argentina la infertilidad es un caso atípico en medicina, ya que tiene como causa a un órgano que no cumple su función y aún así no se la considera una enfermedad. Este hecho tiene graves consecuencias para quienes la padecen: las empresas de medicina prepaga y las obras sociales no tienen obligación de tratarlos.

Una pareja invierte buena parte de su presupuesto en asistencia médica, pero al descubrir su infertilidad, deben hacerse cargo del tratamiento. Al dolor que produce la infertilidad, se suma la dificultad de lidiar con una enfermedad que no tiene status y cuyo tratamiento es caro y hasta inaccesible. Una injusticia que se soluciona con la legislación adecuada.

El consenso sobre la necesidad de una ley es indiscutible. El Congreso tiene en sus manos varios proyectos. Algunos de ellos restringen la posibilidad de elegir tratamientos que brinda la ciencia y que mejoran la calidad de vida de los pacientes que sufren esta enfermedad.

En este sentido, es fundamental señalar la importancia de que quienes tienen rol de decidir sobre la salud deben ser absolutamente independientes de toda tendencia ideológica o religiosa. Las decisiones deben ser tomadas en base a lo que la patología necesita para curar. Se quiere restringir, por ejemplo, técnicas como la criopreservación -preservación de embriones congelados.

La criopreservación es un método que ha producido grandes progresos en los tratamientos de fertilización. Permite a la mujer -luego de que fue fecundado más de un óvulo en su primer tratamiento- no tener que ser intervenida y medicada cada vez que quiera tener un hijo. Además, reduce los costos en los tratamientos posteriores.

Es un deber del Congreso de la Nación el de elegir una Ley de Salud Reproductiva democrática, que legalice y legisle sobre los métodos que la ciencia puede brindar, y que no sea restrictiva ni discriminatoria.

Una Ley de Salud Reproductiva no debe prohibir, sino promover la seguridad y la excelencia. Debe garantizar el derecho a elegir los recursos disponibles para que cada paciente decida en libertad, en su intimidad y con responsabilidad, cómo llegar al hijo tan deseado.

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