Despenalización completa del aborto. Una ley de plazos que abarque "la gran mayoría" de las interrupciones del embarazo que se realicen en España. Unas indicaciones que no establezcan límites de tiempo en caso de que corra riesgo la salud de la madre o existan graves malformaciones en el feto. Garantizar que la prestación pueda realizarse en la sanidad pública y permitir que las menores puedan acceder a la prestación sin necesidad del consentimiento paterno a partir de los 16 años.

Son los principales puntos que incluye el documento sobre la elaboración de una nueva ley del aborto que se vota hoy en la Comisión de Igualdad del Congreso. Los partidos de izquierda PSOE, ICV-IU, ERC y BNG llegaron ayer a última hora a un acuerdo de mínimos sobre el documento. Cuando se apruebe, el texto será enviado al Gobierno para que lo tenga en cuenta a la hora de redactar el proyecto de ley, explicaron diversas fuentes parlamentarias.

El informe elude concretar el número de semanas durante las cuales el aborto será libre, aunque especifica que debe cubrir "la gran mayoría" de las interrupciones voluntarias del embarazo que se practican ahora en España. Sin embargo, la mayoría de parlamentarios consultados por este diario afirmaba ayer que lo más probable es que el Gobierno no apruebe una ley que permita abortar de forma libre más allá de las 14 semanas. Así se lo han confirmado también a este diario varias fuentes gubernamentales.

Tanto BNG, como ERC, IU e ICV habían propuesto que el plazo para el aborto libre se situara entre las 20 y 24 semanas. El 98,04% de los abortos que se realizaron en España en 2007 se llevó a cabo antes de las 20 primeras semanas de embarazo, según los últimos datos del Ministerio de Sanidad y Consumo.

El texto acordado ayer pide que a la hora de establecer los plazos se tengan en cuenta las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en materia del aborto, así como las del Consejo de Europa, y el resto de legislaciones europeas. Todos los grupos coinciden en aconsejar al Gobierno la despenalización total del aborto, tipificado ahora como delito en el artículo 470 bis del Código Penal.

El documento consensuado especifica que en caso de que exista grave riesgo para la salud de la madre o graves malformaciones fetales se pueda abortar aunque el embarazo "esté a término". Es decir, demanda que no exista límite temporal cuando se den estos supuestos. Este aspecto representa un avance con respecto a la actual ley del aborto, aprobada en 1985, ya que ahora no está permitido interrumpir el embarazo más allá de las 22 semanas cuando haya graves daños en el feto.

En Francia, por ejemplo, donde existe una ley de plazos de 14 semanas, las mujeres pueden interrumpir su embarazo más allá de ese límite en caso de malformación y siempre que así lo acredite un dictamen médico.

Los grupos políticos también estuvieron de acuerdo en recomendar al Gobierno que no se excluya de acceder de forma libre a la prestación a las menores a partir de 16 años. En la actualidad, la Ley de Autonomía del Paciente establece que los menores a partir de 16 años pueden decir qué tratamientos recibir a excepción de tres: interrumpir voluntariamente su embarazo, participar en ensayos clínicos y someterse a técnicas de reproducción asistida. En estos casos, necesitan un consentimiento paterno.

Derechos sexuales

Los parlamentarios quieren además que la futura ley del aborto se apruebe en el marco de una nueva norma sobre derechos y salud sexual reproductiva. De esta manera, se pide que los métodos anticonceptivos estén generalizados y sean accesibles en toda la red de la sanidad pública, y que se pongan en marcha redes de planificación familiar así como que exista una especial atención hacia los jóvenes, en gran medida, para evitar embarazos no deseados.

Tampoco faltan las propuestas sobre la prestación en la sanidad pública. Ahora, poco más del 2% de las interrupciones del embarazo se realizan en hospitales públicos, por lo que los diputados quieren que la prestación se garantice en la red pública de cada una de las comunidades autónomas. Por este motivo, también reclaman que se regule la objeción de conciencia de los médicos y que éste sea individual y no de una institución, es decir que si en un hospital no hay especialistas que acepten realizar la intervención, la red debe garantizar que otros sí lo harán.

Con una normativa que regulara estos puntos podría no darse lo que ocurre en Navarra, donde ni hospitales públicos ni privados aceptan realizar abortos.

A pesar del acuerdo, fuentes de los partidos que han intervenido en las últimas negociaciones insisten que el texto que se va a aprobar es "un acuerdo de mínimos" y que no descartan que alguna de las formaciones que lo van a apoyar hagan finalmente algún voto particular. En este sentido, fuentes del grupo parlamentario que forman ERC-IU-ICV reconocieron que esta era su intención ya que se mostraron convencidos de que el Gobierno recortará alguno de los avances ahora introducidos cuando redacte el texto final del proyecto de ley.

Por su parte, el PP ya anunció el pasado 12 de febrero su voto contrario a las conclusiones del PSOE. Entonces, su portavoz en la subcomisión, la diputada Sandra Moneo, ya anunció que su partido recurrirá ante el Tribunal Constitucional una futura ley de plazos, e insistió que su formación aboga por mantener la actual normativa.

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