La cifra equivale a 600 fallecimientos por cada año. En 2006 se registraron 75 muertes por cada 100.000 nacidos vivos, según reportes del Dane.
La cifra es mayor que la de países como Venezuela, Panamá, Argentina, Chile, Cuba y Uruguay (con 11 por cada 100.000), pero menor si se le compara con Ecuador, Perú, Guatemala, Brasil y Paraguay (en este es 153 por cada 100.000.

El dato nacional está lejos de la meta fijada por el país dentro del marco de los Objetivos de Desarrollo del Milenio de la ONU: 45 muertes por cada 100.000, para el 2015.

"Tenemos la voluntad política de reducir esas cifras pero se necesita un esfuerzo coordinado de EPS, gobernadores, alcaldes y sociedad civil", afirma la dirección de salud pública del Ministerio de la Protección Social.

Este será el tema de un informe que la Comisión Nacional de Género de la Rama Judicial presentará hoy.

Fallas del servicio

En el momento del parto, las gestantes se han encontrado con poca disponibilidad de sangre en situaciones de emergencia, falta de atención oportuna y deficiencias en la red de salud para trasladarlas de una institución a otra cuando la situación lo requiere.

También, pacientes que se complican esperando a que llegue ayuda especializada y ausencia de salas especiales que cuenten con instrumentos necesarios para el manejo de riesgos obstétricos como una preeclampsia severa.

Así lo afirma un documento de la Comisión Nacional de Género de la Rama Judicial -integrada por representantes de las altas cortes- y el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), denominado "La mortalidad materna: otra cara de la violencia contra las mujeres".

En él se analizan ocho casos relevantes de responsabilidad médica en la muerte de embarazadas durante el parto y que han generado demandas contra el Estado por acción u omisión.

"Hemos detectado de manera constante el fallecimiento de pacientes por irregularidades en la atención del parto", afirma la magistrada Ruth Stella Correa, presidenta de la Comisión Nacional de Género de la Rama Judicial y quien ha sido ponente de diversas providencias sobre el tema en el Consejo de Estado.

"La mayoría de las maternas mueren entre la última fase del trabajo de parto y el nacimiento del bebé", indica Mary Luz Mejía, asesora en salud sexual y reproductiva del Fondo de Población de las Naciones Unidas.

"El sistema de salud puso exclusivamente en manos del médico la atención de la gestación y el parto... La norma debería corresponder con la excelencia de la formación del médico general, que no sucede en ciertos casos", dice la experta.

Carencia de insumos básicos

Frente a la falta de atención oportuna en clínicas y hospitales, que es más frecuente en los niveles 1 y 2, el informe de la Comisión habla de "abandono del paciente".

En las instituciones de baja complejidad hay carencia de insumos básicos y falta de reconocimiento oportuno de las complicaciones obstétricas por parte de los profesionales de salud, "originando remisiones tardías e inadecuados manejos", reconoce el Ministerio de la Protección Social.

La preocupación por la falta de sangre suficiente responde a que una de las principales causas de mortalidad materna se deriva de las hemorragias posparto, producidas en su mayoría por atonía uterina (el útero no se contrae luego de la expulsión de la placenta y la mujer se desangra).

El Ministerio acepta que, si bien, la respuesta institucional en el embarazo y el parto no siempre es la adecuada, se está trabajando en planes de mejoramiento y se prevé muy pronto definir con expertos estrategias efectivas que ayuden a disminuir la morbilidad y mortalidad materna

'Parto digno', una iniciativa legislativa que espera trámite

Recibir información de su estado y del bebé que viene en camino, contar con un riguroso control prenatal, tener un parto individual y respetuoso y decidir sobre este, sus tiempos y el uso o no de métodos farmacológicos para el alivio del dolor, son algunos de los derechos que podrán reclamar las gestantes.

Así lo contempla un proyecto de ley sobre 'parto digno', de la senadora Claudia Rodríguez de Castellanos, y que espera debate en plenaria del Senado, luego de casi un año de trámite legislativo.

Busca, además, que la mujer conozca con detalle la evolución de su trabajo de parto, goce de la compañía de su pareja o de un familiar en los controles prenatales, en el alumbramiento y en el posparto, acceda a una atención especializada y trato especial en instituciones públicas y privadas, y reciba servicios de calidad sin restricción alguna.

Muertes por falta de sangre

Por el fallecimiento de una gestante que no recibió atención médica idónea y eficiente en el momento del parto, así como por la falta de suministro de sangre cuando presentó shock hipovolémico, el Consejo de Estado responsabilizó del hecho al municipio de Cali, Hospital Básico Primitivo Iglesias, en 2005.

El shock en mención se produce por la pérdida severa de sangre y líquido, lo cual hace que el corazón sea incapaz de bombear suficiente sangre al cuerpo y varios órganos pueden dejar de funcionar por la hemorragia producida después del parto.

En otro caso, el alto tribunal condenó al Instituto de Seguros Sociales (ISS) por la demora en la atención del parto de una embarazada, situación que condujo a que la mujer presentara un fuerte sangrado uterino, luego coágulos en el útero y, al final, se produjera su muerte. Este fallo fue en el año 2000.

"Debe destacarse que un gran número de eventos que desencadenan la responsabilidad extrapatrimonial del Estado, en materia médico-sanitaria, se relacionan con situaciones de atonía uterina, patologías estas generadas a partir de la falta de atención oportuna del parto, ausencia de seguimiento de bienestar fetal, así como fallas en la existencia de recursos de supervivencia necesarios como, por ejemplo, bolsas de sangre".

Esta afirmación la hace el ex presidente del Consejo de Estado, Enrique Gil Botero, en el documento "La mortalidad materna: otra cara de la violencia contra las mujeres".

A la espera de ayuda médica

Una embarazada, en pleno trabajo de parto, debió esperar por largo tiempo el arribo de un médico obstetra de la EPS a la cual estaba afiliada. Ante la demora, se prolongó de forma indebida este proceso, lo cual desencadenó una hemorragia (desprendimiento de placenta) que terminó con el ahogamiento del bebé.

Por este hecho, en sentencia del 26 de marzo de 2008, se responsabilizó a Caprecom "por la ausencia de valoración adecuada de la gestante en la institución que la recibió".

En este fallo, la Sección tercera del Consejo de Estado consideró que en los eventos de responsabilidad médico-obstétrica, el demandante (el paciente o sus familiares) deberá probar que el embarazo tuvo un desarrollo normal y que este no 'auguraba' complicación alguna para el nacimiento del bebé, prueba que llevaría a concluir que si en el momento del parto se presentó un daño, este pudo deberse a una falla en la atención médica.

Otro caso: por la ausencia de bolsas de sangre en el momento en que una paciente presentó una hemorragia uterina, el Consejo de Estado condenó al hospital regional de Buenaventura en octubre del año pasado.

"La responsabilidad del Estado deviene de la falta de atención idónea y suficiente, máxime si las madres son atendidas en hospitales de primer o segundo nivel que, en la mayoría de los casos, no cuentan con los recursos e instrumentos necesarios para sortear los diferentes riesgos a los que se encuentra sometida una paciente con alto riesgo obstétrico", dice Enrique Gil Botero, consejero de Estado.

Algunas cifras

• 20 a 35 años es el rango de edad en el cual hay más embarazos y partos.

• En el país nacen, en promedio, 720.832 niños vivos. En 2006 nacieron 714.450.

• 536 gestantes murieron en el 2006, según el Dane.

• Ese año fallecieron 18.173 fetos y recién nacidos por complicaciones obstétricas y traumatismos al nacer.

• 8.000 a 9.000 recién nacidos mueren cada año por causas prevenibles y por manejo inadecuado, dice Hernando Villamizar, presidente Sociedad Colombiana de Pediatría.

• 97 por ciento de los partos se atendieron en instituciones de salud en el 2006, según el Dane. Sin embargo, existen regiones donde este porcentaje es menor.

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