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Víctimas de ETA reclamaron ayer en Vitoria que el terrorismo sea reconocido como «un problema de salud pública» y abogaron por poner en marcha un protocolo de atención específico para los damnificados. La Fundación Fernando Buesa, encabezada por Sara, hija del dirigente socialista asesinado, presentó el libro 'La noche de las víctimas. Investigación sobre el impacto en la salud de la violencia colectiva en el País Vasco', el primer estudio que mide, bajo parámetros científicos, las secuelas que el crimen, la extorsión y la persecución provocan en el bienestar físico, mental e, incluso, social de quienes sobreviven a un acto terrorista.

El trabajo, impulsado por este colectivo, ha sido realizado entre 2005 y 2008 por un equipo de especialistas en epidemiología y neuropsiquiatría, bajo la dirección de Itziar Larizgoitia, Isabel Izarzugaza e Iñaki Markez. Para su elaboración se han llevado a cabo 2.000 encuestas a diferentes ciudadanos y se ha entrevistado a 36 víctimas directas de la violencia.

Según el informe, las consecuencias del zarpazo etarra son profundas y duraderas. «Un atentado terrorista no es un hecho puntual que sucede y termina en un momento dado. Para las víctimas abre una brecha insondable en su vida, la trastoca y cambia por completo, impactando en todas las esferas y dejando importantes huellas, que necesitan de un proceso de recuperación doloroso, largo y costoso», explicó Buesa, quien quiso mandar todo su apoyo a la familia del policía nacional Eduardo Puelles, asesinado hace una semana. El estudio subraya cómo la mayoría de los damnificados sufre secuelas que llegan a incapacitarles en muchos aspectos y a limitarles su capacidad para relacionarse, trabajar y desarrollar proyectos.

Presentan, además, entre cuatro y siete veces más riesgo de sufrir malestar físico, emocional o psiquiátrico y tienen hasta un 30% más de limitaciones funcionales. Ansiedad, depresión, estrés postraumático e incluso perturbaciones de su propia identidad son sólo algunas de las consecuencias de un atentado, a las que se une el hecho de que los afectados se sienten «más solos y estigmatizados».

Problema pendiente

Ante esta realidad, Buesa hizo un llamamiento a las autoridades de Osakidetza «para que reflexionen y adopten las medidas oportunas». Entre las recomendaciones que proponen destaca la puesta en marcha de «acciones destinadas al tratamiento específico, desde el punto de vista sanitario, de las víctimas del terrorismo». Iñaki Markez, psiquiatra del Servicio Vasco de Salud, consideró necesario empezar a evaluar las necesidades de los afectados. Desde amenazados y heridos hasta familiares de fallecidos, «cada caso requerirá de una atención determinada», sostuvo.

Asimismo, debido a la singularidad de estos casos, Markez abogó por formar a los profesionales que se encargarán de atender a las víctimas para que sean conscientes de los problemas con los que podrán encontrarse. «Se trata de que los afectados dispongan de esa ayuda por parte de las instituciones sanitarias. Es un programa hasta ahora pendiente, pero deberá ser, sin duda, una tarea a acometer en el futuro», apostilló.