Es un número de celular habilitado algunas horas por día. “Más información, menos riesgo” es la premisa. La línea del “aborto seguro” que funciona en Argentina recibió un número récord de llamadas en poco más de un mes en operaciones.

Lanzado por una organización no gubernamental feminista, el servicio telefónico apunta a proveer información sobre prácticas de interrupción del embarazo, en un país donde el aborto es ilegal.

En particular, asesoran sobre el uso del misoprostol, una droga de uso obstétrico que puede ser aplicada con fines abortivos.

“El misoprostol se viene usando en abortos autogestionados desde hace unos 20 años, y es un avance científico que permite dejar de lado las ‘técnicas de la abuela’, que son mucho más riesgosas.

“Es un derecho de las mujeres tener acceso a información sobre su uso”, dijo a BBC Mundo Luciana Sánchez, de la organización Lesbianas y Feministas por la Descriminalización del Aborto, a cargo del proyecto.

Según señalan sus responsables, la línea telefónica opera siguiendo los lineamientos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que se propone reducir “en 3/4 partes” la tasa de mortalidad materna en países en desarrollo, una de cuyas causas principales es el aborto en condiciones precarias.

“Esta meta es parte de los Objetivos del Milenio a los que se comprometió Argentina (en la Organización de Naciones Unidas), pero estamos lejos de lograrlo”, señaló Sánchez.

Información, no consejo

El servicio es, en realidad, parte de un proyecto más amplio que funciona ya en Ecuador y Chile y que, según sus responsables, no brinda consejo médico sino información avalada por la OMS que ya está disponible por otros medios.

Apunta, sobre todo, a mujeres de los sectores más pobres, que no tienen acceso a Internet u otras fuentes de datos.

Pese a que en Argentina el aborto es ilegal, las cifras del Ministerio de Salud indican que se practican 500 mil abortos por año, lo que equivale a casi uno por minuto.

Como consecuencia de prácticas mal realizadas, unas 60.000 mujeres son hospitalizadas cada año, y el 24,2% de las muertes maternas son por causa de abortos clandestinos.

Droga polémica

El “aborto medicamentoso” sobre el que la línea provee información está basado en el uso del misoprostol, que en Argentina se comercializa legalmente para el tratamiento clínico de problemas gástricos y también para inducir el trabajo de parto.

Sin embargo, las estadísticas señalan que seis de cada 10 cajas de la droga, que se consigue con prescripción médica, son en realidad utilizadas para interrumpir embarazos no planeados.

Tan pronto se puso en marcha, el proyecto de la línea telefónica ha sido criticado desde la iglesia y otros sectores que rechazan la despenalización del aborto, pero además ha sido mirado con cautela en el ámbito médico.

“Uno de los principales problemas es el ingreso ilegal de la droga al país, de contrabando o comprada por Internet. La relación es muy sencilla: mientras que una caja traída desde Estados Unidos cuesta US$100, un aborto ilegal cuesta 10 veces más”, dijo a BBC Mundo Javier Valverde, presidente del Colegio de Farmacéuticos y Bioquímicos de Buenos Aires.

“La contracción uterina que genera esta droga para expulsar el embrión puede generar hemorragias graves, y observamos que el 10% de las mujeres que tienen hemorragias termina necesitando transfusiones de sangre”, agregó Valverde.

Asimismo, algunos expertos objetan la idoneidad de la línea del “aborto seguro”.

“Estos servicios están relacionados con las personas que los manejan, y este tipo de drogas conviene usarlas con asesoramiento profesional en una consulta interpersonal”, expresó a BBC Mundo Marcelo Viggiano, médico de la Asociación Obstétrica Argentina.

Debate pendiente

Por lo pronto, el colectivo de Lesbianas y Feministas pidió asesoramiento a la Asociación por los Derechos Civiles (ADC) para operar en un marco donde el aborto es punible por ley.

Según explicaron fuentes de esta organización a BBC Mundo, la defensa del proyecto se basa en que la línea telefónica no hace más que ofrecer información que circula en otros ámbitos y es, en ese sentido, una herramienta que garantiza el derecho constitucional a la información.

“La falta de acceso igualitario a información de importancia, sobre todo para grupos vulnerables, impide tomar decisiones informadas en cuestiones fundamentales de la vida de las mujeres”, afirmó Álvaro Herrero, director ejecutivo de la ADC.

Todas las voces coinciden en que la práctica creciente de abortos clandestinos señala en una única dirección: la necesidad de un debate sobre la despenalización del aborto y sobre las más eficaces respuestas sanitarias al problema de la mortalidad materna.

“Lo que habría que hacer es buscar un consenso en relación a lo que opina la mayoría de la gente y a cómo podría bajarse el índice de embarazos adolescentes y no deseados, que son el fondo de este problema”, opinó Viggiano.

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