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El suicidio causa un millón de muertes anuales, el 1,5 por ciento de todos los decesos del mundo. La Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró que hoy, 10 de septiembre, se celebre el Día Internacional de Prevención del Suicidio. Colombia no está exenta de sus embates.

Con un incremento considerable durante los últimos años, nuestro país ocupa actualmente el tercer puesto entre las naciones latinoamericanas con mayor índice de suicidios, después de Cuba y Brasil. Mientras que en 2007 se registraron 1.771 muertes por suicidio, en 2008 la suma ascendió 1.840. En tan sólo el primer semestre de 2009, ya se sabe de 1.061 casos.

Pese a ser un fenómeno que afecta indistintamente todos los niveles y perfiles de la población nacional, el Estado haría bien en detenerse ante ciertas poblaciones específicas que, por su grado de vulnerabilidad, son las protagonistas principales del ensanchamiento en la tasa de suicidios.

El mayor aumento lo presentaron los jóvenes entre los 15 y los 23 años de edad. Motivos parece haber muchos, certezas frente a las causas más bien pocas. Que los jóvenes se adaptan con mayor dificultad a estados depresivos derivados de la confusión, el miedo, la incertidumbre y la presión ante el fracaso son todas variables que suelen ser consideradas por los especialistas. Y sin embargo los lugares comunes persisten. Otros jóvenes, en otros contextos, no se suicidan pero igual están sometidos a las mismas presiones del mundo moderno.

Al igual que los jóvenes, los hombres y mujeres retenidos en las cárceles del país se quitan con mayor frecuencia la vida. Con dos casos en agosto, ya son nueve los reclusos que se suicidaron este año. Junto con los 17 de 2008 y los 20 de 2007, en los últimos tres años un total de 49 personas se han segado su vida en las cárceles colombianas. Según la Defensoría del Pueblo, estas cifras podrían agravarse debido a la poca eficacia del Inpec en la identificación a tiempo de los internos con tendencias suicidas. Pero un observador externo agregaría, sin más, que el perfecto escape a una cárcel colombiana en la que el hacinamiento y el crimen campean, no es otro que el suicidio.

Otra de las poblaciones afectadas es la indígena. Cada semana del pasado mes de junio, un indígena del Vaupés se suicidó. Desde 2005 el departamento sufre una epidemia de suicidios de la que han sido víctimas 24 hombres y mujeres, entre los 14 y los 34 años. Las razones, nuevamente, son diversas y para algunos algo obvias. Los fuertes choques que los pueblos indígenas experimentan en su encuentro con una cultura blanca altamente permeada por el narcotráfico y los grupos armados; fenómenos como el desplazamiento y robo de tierras; asesinatos selectivos y hostigamientos de toda índole, etc. Las autoridades espirituales indígenas, resignadas, no encuentran explicaciones de fondo.

No obstante la complejidad que lo caracteriza, y vistas las alarmantes cifras, no debe perderse de vista que el suicidio es ante todo un problema de salud pública. En la medida en que es prevenible en un alto porcentaje, debe ser enfrentado con una política pública integral.

En Colombia no existe nada similar. Para delinear una política efectiva se requieren herramientas de promoción y prevención en salud mental. Y ya varios analistas lo han advertido: la salud mental es la cenicienta del sistema de salud. El Plan Obligatorio de Salud no acude a las necesidades de la población en este campo. Si las cosas siguen como van, si no nos tomamos con seriedad el tema y la necesidad de depurar la larga lista de supuestas causas y situaciones que llevarían al suicidio, el estrés seguirá siendo una de las más mencionadas.

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