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Científicos estadounidenses han propuesto gravar las bebidas azucaradas para frenar la epidemia de sobrepeso - La industria alimentaria responde con un 'ataque preventivo'

La propuesta de gravar los refrescos la planteó el mes pasado un grupo de prestigiosos expertos de las Universidades de Yale y Harvard, en un polémico artículo publicado en New England Journal of Medicine. Su propuesta es que el Gobierno Federal imponga un nuevo impuesto de un céntimo de dólar por cada onza (28 gramos) de refresco que incluya edulcorantes calóricos (una lata de Coca-Cola tiene 139 calorías). Es, en realidad, una medida largamente contemplada y, hasta el momento, nunca aprobada.

Su precio político podría ser muy alto. Significaría un incremento del precio de algo tan barato como un refresco. Ya en mayo, en el Capitolio se hablaba de imponer un impuesto de ese tipo para financiar, en parte, la reforma del maltrecho sistema sanitario norteamericano. Una organización privada de Washington, el Centro para el Interés Público en la Ciencia, propuso aplicar el impuesto sobre colas, tés preparados, zumos y bebidas energéticas, sin incluir las bebidas dietéticas, siguiendo la estela de Islandia, que el pasado mes de septiembre aprobó un incremento de los impuestos sobre el azúcar y los alimentos altamente azucarados. Del 7% de IVA que se aplica sobre los productos normales, se ha pasado al 24,5% de gravamen.

En EE UU hubo algunas reuniones en el Senado, pero la medida no cuajó. En pleno debate sobre la reforma sanitaria y su financiación, el grupo de expertos universitarios ha retomado esa causa. Critican los refrescos por ser bombas calóricas, repletas de azúcar, una sustancia de escasas propiedades saciantes. Además, explican, los consumidores no suelen compensar el haber bebido muchos refrescos reduciendo otros alimentos en las comidas o las cenas. Existe una separación psicológica entre las calorías líquidas y las sólidas. En muchos casos, tomarse una cola no se interpreta como saltarse el régimen.

Además de que el azúcar es una importante fuente de calorías, "el cuerpo experimenta más problemas a la hora de reconocer las calorías procedentes del líquido y está menos entrenado para darles un uso", según explica Kelly Brownell, uno de los autores del informe, reconocido experto en obesidad y director del Centro Rudd para Políticas Alimenticias y Obesidad de la Universidad de Yale.

Brownell fue elegido en 2006 como uno de los hombres "más influyentes del mundo" por la revista Time. Entre otros científicos que firman la propuesta están Thomas Frieden, que después de escribir el artículo ocupó el cargo de director del Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades del Gobierno Federal, y Thomas Farley, responsable del departamento de Sanidad del Gobierno de Nueva York.

La tasa propuesta incrementaría el precio de los refrescos azucarados entre un 15% y un 20% y generaría unos ingresos para el Estado de 10.000 millones de euros en un año. Además, le ahorraría a un consumidor medio, el que bebe medio litro de refrescos azucarados diarios, unas 174 calorías al día, si se pasa a bebidas dietéticas.

"Sería algo adecuado, dado que las personas que consumen este tipo de refrescos registran elevados niveles de diabetes, dolencias cardíacas, gota y caries. Además, ellos no pagarán por los elevados costes de estas dolencias de sus propios bolsillos, la carga fiscal caerá sobre otros, así que parece justo que aquellos que consumen esas bebidas paguen una porción del coste", explica Walter Willett, también coautor del informe y jefe del Departamento de Nutrición de la Universidad de Harvard. "Además, un precio ligeramente más elevado tiende a reducir el consumo, algo que beneficiaría a todo el mundo, especialmente a los niños, que se ven más afectados por el consumo de los refrescos".

La industria alimentaria, sin embargo, ha comenzado un ataque preventivo para evitar que los políticos lleguen siquiera a sopesar esta propuesta. Han creado la organización Americanos Contra los Impuestos sobre la Comida, que se define en su web como una coalición de "ciudadanos preocupados -individuos responsables, familias con problemas económicos, negocios grandes y pequeños y comunidades a lo largo del país- opuestas a las propuestas gubernamentales de incrementar los impuestos sobre comida y bebida, incluyendo refrescos, zumos y lácteos de sabores".

Desde el mes pasado emite un anuncio en el que se ve a una madre cargada con bolsas mientras sale de su coche, después de hacer la compra. "Dicen que sólo serán unos céntimos", dice. "Bueno, esos céntimos cuentan cuando se trata de alimentar a una familia. Washington, si nos escuchas, que sepas que lo que parece poco para ti es mucho para nosotros".

Entre los miembros de esta coalición no hay sólo madres en apuros económicos. Se encuentran las empresas 7 Eleven, Sunny Delight Beverages, Red Bull North America, PepsiCo, The Coca-Cola Company, McDonald's y Domino's Pizza, entre otras. Los directivos de estas compañías han pasado al ataque indiscriminado en diversos medios.

Muhtar Kent, presidente de Coca-Cola, dijo a la agencia Bloomberg recientemente que nunca vio "un Gobierno que le diga a la gente lo que comer y lo que beber. Si funcionara, sería como si todavía existiera la Unión Soviética".

"Sería una situación absurda que un ciudadano que ha perdido su trabajo, que puede perder su casa en un embargo, que ve como suben los precios de los bienes y la gasolina, tuviera que pagar más por la comida", explica Nelson Eusebio, codirector de esa coalición y director de la Asociación Nacional de Supermercados de América. "Es injusto que el Gobierno le diga a los ciudadanos cómo y cuándo deben comer. Y además, hasta el momento nadie ha podido probar que haya una relación entre los refrescos azucarados y la obesidad. Hay muchachos flacos que también consumen esas bebidas".

Los científicos que proponen el impuesto afirman todo lo contrario, que el azúcar líquido es causa indudable de sobrepeso, y coinciden en comparar la actitud de la industria alimentaria con la de la del sector del tabaco a finales del siglo pasado, cuando los gobiernos comenzaron a incrementar los impuestos sobre el consumo de aquella sustancia y restringieron duramente la normativa publicitaria en aquel ámbito.

"La industria se comporta del mismo modo que el lobby del tabaco, invirtiendo millones en anuncios y campañas publicitarias, presentándose como familias y ciudadanos preocupados, a favor de ideas abstractas como la libertad o la independencia, en defensa de su negocio", explica el profesor Brownell, de Yale. "Pero si se le explica bien el caso a la ciudadanía, que el impuesto puede financiar programas de asistencia médica y que puede evitar dolencias graves, creo que vale la pena, sin duda".

Desde luego, aumentar el precio de un producto sería una potente medida de disuasión. Aun así, otras reformas han resultado ser muy convincentes a la hora de concienciar a los consumidores sobre su nutrición y su peso. A veces, la información es tan influyente como el dinero.

Hace un año y medio el gobierno de Nueva York ordenó a las cadenas de restaurantes que publicaran el recuento de calorías de todos y cada uno de sus productos en sus menús. A la gran urbe de la costa este de EE UU le siguió el Estado de California y otras ciudades como Filadelfia o Nashville. Así, junto al precio de comidas como un Big Mac con patatas medianas y una cola, aparecen las calorías. Seis dólares y 1.130 calorías. El máximo diario recomendado por los nutricionistas está entre 1.500 y 2.000.

Es una medida impactante, ya que los últimos estudios científicos demuestran que los ciudadanos subestiman el contenido calórico de la mayoría de alimentos, especialmente los líquidos. Esa es la conclusión de un análisis fechado en 2006, elaborado por expertos de la Universidad de Arkansas y la de Villanova, en Filadelfia, titulado Atacando la epidemia de obesidad; los beneficios potenciales de publicar la información nutricional en los restaurantes.

El estudio da pruebas fehacientes de que "los consumidores subestiman ampliamente las calorías, las grasas, las grasas saturadas y los niveles de sodio en los menús. De media, subestiman los platos menos saludables en más de 600 calorías, o entre un tercio y la cantidad completa de grasas y grasas saturadas recomendadas para un día completo.

Si los consumidores ingieren 600 calorías más que las que creen, en una comida en un restaurante a la semana, añadirían a sus dietas 30.000 calorías anuales. Estas calorías podrían ser la causa de un aumento de peso de aproximadamente 4 kilos, si todos los demás factores se mantienen inalterados".

Es la guerra contra la mala alimentación, en un país en el que unos 182 millones de personas, el 64% de la población, sufre sobrepeso, según el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) del Gobierno federal. Un 33% de la ciudadanía adulta de EE UU es obesa. Son 72 millones, el 18% de todos los obesos que existen en el mundo.

Siguiendo la estela de Nueva York, Washington comenzó recientemente a sopesar la posibilidad de aprobar una ley que obligara a las cadenas con 20 o más restaurantes del país a publicar su información nutricional en los menús. El senador por Iowa Tom Harkin y la representante por Connecticut Rosa DeLauro, ambos demócratas, presentaron el pasado mes de mayo una propuesta de ley federal en ese sentido. "Los problemas no son sólo médicos", dijo Harkin en un comunicado. "Son también económicos. Gastamos casi dos billones de dólares (1,35 millones de euros) cada año en atención sanitaria en EE UU. El 75% de ellos se destina a tratar y atender enfermedades crónicas que, en muchos casos, se pueden prevenir. Es hora de tomar acciones preventivas y ofrecerles a los consumidores las armas que necesitan para tomar un mayor control sobre su dieta y su salud". Diversas instituciones, como la Asociación de Cardiología de América y la Asociación de Diabéticos de América, han dado su total apoyo a esta propuesta.

En  ese ámbito, Nueva York se ha convertido en una ciudad pionera, que marca la pauta del país. Hace un año, el alcalde Michael Bloomberg ordenó que todos los restaurantes que operen en espacios públicos, como hospitales, parques, prisiones, escuelas o residencias de ancianos, se adhieran por ley a una serie de estrictas normas alimentarias, como servir leche descremada, prohibir el excesivo uso de aceite en las freidoras, ofrecer fruta como postre o reducir la sal en la cocción de los platos.

Medidas como ésa no vienen exentas de polémica. La Asociación de Restaurantes del Estado de Nueva York llevó a juicio al Gobierno de Bloomberg por ordenar la publicación de las calorías en los menús de las cadenas de restaurantes. Le demandaron con dos argumentos. Por un lado, alegaban que la legislación federal prohibía la existencia de leyes a nivel estatal o local en ese sentido. Además, argumentaban que se estaba violando la primera enmienda a la Constitución norteamericana, que ampara la libertad de expresión. Decían que el Gobierno de Nueva York les estaba forzando a expresarse cuando en realidad no tenían por qué hacerlo. Una especie de coerción nutricional.

"El juez les respondió que revelar información factual no es una forma de expresión, es un derecho de los clientes", explica Jennifer Pomeranz, abogada y directora de la sección de Iniciativas Legales del Centro Rudd de la Universidad de Yale. "Las empresas fracasaron en los juzgados, al tiempo que California y otras ciudades aprobaban nuevas medidas. Esto abrió la posibilidad de una nueva ley federal, aunque haya Estados, como Utah y Georgia, que han legislado específicamente para prohibir que los restaurantes se vean forzados a desvelar sus calorías, en contra del bienestar de sus ciudadanos".

A pesar de los contratiempos, Nueva  York ha descubierto la clave para combatir la obesidad: concienciar en contra del exceso, de las porciones gigantes, cargadas de aditivos, de los enormes refrescos y las enormes patatas que suelen venderse con los menús de comida rápida. Ha sido necesaria una epidemia de obesidad en el mundo desarrollado para que los científicos y nutricionistas pongan de moda la frugalidad a la hora de ingerir calorías.

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