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Ante la persistencia de serias distorsiones que afectan la salud y los derechos del consumidor, es positivo que el Ministerio de Salud obligue a las farmacias y boticas a brindar información detallada sobre los precios de los medicamentos que venden.

El objetivo, a muy corto plazo, es implementar un observatorio de precios, a través de  un software, que sería lanzado en tres meses al mercado y que permitiría al consumidor comparar precios de medicamentos, en tiempo real, en las diferentes farmacias de su distrito antes de decidir la compra.

Nada más adecuado y oportuno en vista de la complejidad de un mercado, como el de los medicamentos, en el que por mucho tiempo los pacientes no han podido ejercer sus derechos. Efectivamente, aparte de ser inducidos por el médico o la cadena farmacéutica, no han recibido información completa y oportuna sobre la calidad y precio de las medicinas.

Un problema recurrente ha sido el de la escasa promoción y publicidad que se ha dado a los medicamentos genéricos, que han sido relegados y desprestigiados por una sostenida campaña. Ahora se ha comprobado que, garantizados los controles de calidad, estos medicamentos son tan efectivos como los de marca pero cuestan la séptima o la décima parte, por lo menos. Esto ha llevado a dictar una norma que obliga a los médicos, y ahora a las farmacias y boticas, a informar al paciente sobre el nombre del medicamento genérico y de marca.

Todas estas medidas tienen su razón de ser, en un país donde la atención de salud es deficitaria y millones de peruanos, sobre todo los más pobres, están fuera del sistema de seguridad social y deben buscar vías alternas de atención y medicamentos.

Estando de por medio la integridad y hasta la vida de las personas, debe hacerse todos los esfuerzos necesarios para que estos servicios sean accesibles en calidad y precio.

Tiene, pues, que romperse esquemas viciados que en otros países, como Chile, llevaron a laboratorios y farmacias a concertar precios, lo que fue severamente sancionado, como era justo y previsible.

Queda pendiente una gran labor de educación de los ciudadanos, para que tomen conciencia y hagan respetar sus derechos de consumidores. Los principios del mercado, con la dinámica de oferta y demanda, son ciertamente lo que mejor funciona, pero ello no exime al Estado de asegurar que la competencia sea legal y leal para beneficiar finalmente al consumidor, mucho más si este está afectado en su salud. Para ello será sumamente útil la página web del ministerio, que debe ser actualizada diariamente.

No hay que temer a la transparencia, que finalmente beneficia a todos. El Ministerio de Salud, y en concreto la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid), deben permanecer alertas para coordinar con los laboratorios y farmacias la aplicación de las nuevas normas, así como denunciar públicamente y sancionar cualquier transgresión.

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