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El Gobierno peruano dispuso el martes volver a distribuir gratuitamente la píldora anticonceptiva de emergencia en el sistema público del país, cuatro meses después de que fue prohibida por un tribunal de justicia.

El Tribunal Constitucional de Perú invalidó en octubre del año pasado una política del Gobierno de repartir la "píldora del día siguiente" en centros de salud por considerar que aún era incierto que no tuviera un efecto abortivo o provoque daños secundarios.

"Conforme con los informes técnicos científicos expedidos posteriormente a la sentencia del Tribunal Constitucional (...) existe evidencia de que el uso de levonorgestrel como anticonceptivo oral de emergencia no es abortivo y no produce efectos secundarios mortales o dañinos", señaló una norma.

El vicepresidente del Tribunal Constitucional (TC), Carlos Mesía, dijo que la posición del ministerio es "un abierto desacato a un órgano del Estado, al poder judicial, y supone la violación del principio de la división de poderes".

"Su negativa a acatar la sentencia del Tribunal Constitucional supone un duro golpe a la democracia, un duro golpe a la institucionalidad del país, a la seguridad jurídica", agregó Mesía en entrevista con Reuters.

El Ministerio de Salud citó en su resolución los informes de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPM) que señalaban que el principal mecanismo de acción de la pastilla -levonorgestrel- no era abortivo.

Pero Masía aclaró que el informe de la OMS fue una de las pruebas que el TC desestimó el año pasado, y que pedirá a las autoridades presentar "la supuesta nueva prueba que causaría la certeza de que la píldora del día siguiente no es abortiva".

"El Tribunal Constitucional considera que hoy la ciencia, sobre todo la embriología que es la llamada a dar la última palabra en este tema, no tiene una posición concluyente sobre la naturaleza abortiva (...) de la píldora del día siguiente", afirmó.

El ministro de Salud, Oscar Ugarte, explicó que el fallo del TC señalaba que el ministerio debía confirmar que esa píldora no producía efectos secundarios mortales, lo cual, demostró con los informes técnicos.

"La sentencia del TC faculta a la autoridad competente a tomar las decisiones correspondientes (...) así que no hay desacato y menos golpe de Estado, eso una figura periodística que ha utilizado el señor vicepresidente del TC", dijo Ugarte a la radio local RPP.

La norma "no es contraria al ordenamiento jurídico. Lo que estamos haciendo es aplicar la argumentación de la sentencia de octubre", agregó.

La prohibición del Tribunal Constitucional generó en octubre el rechazo de grupos feministas y del Gobierno.

Organizaciones feministas de Perú han calculado que cada año se producen 376.000 abortos clandestinos en el país, siendo sus complicaciones la tercera causa de mortalidad materna.

Reporte de Teresa Céspedes, con reporte adicional de Patricia Vélez.

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