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 La Cámara de Diputados aprobó con 372 votos a favor y cero en contra
reformas a la Ley General de Salud, mediante las cuales las escuelas
públicas no podrán vender en sus tiendas o cooperativas alimentos
chatarra, a fin de evitar la obesidad en la población infantil.
Con el mismo fin, las reformas avaladas obligan a las escuelas a que los
alumnos realicen ejercicios físicos por 30 minutos diarios, toda vez
que la población infantil obesa se ha triplicado en los últimos años.
Las disposiciones, explicó el presidente de la Comisión de Salud en San
Lázaro, Miguel Osuna Millán, del PAN, tienen como fin prevenir
padecimientos de sobrepeso y obesidad que pongan en peligro la salud
física y mental de los menores.
El texto señala expresamente que "en materia de higiene escolar
corresponde a las autoridades sanitarias establecer las normas oficiales
para proteger la salud de los alumnos y la comunidad escolar,
procurando que los alimentos que se vendan en las cooperativas tengan un
mayor aporte nutrimental, evitando los alimentos procesados altos en
grasas y azúcares simples".
La iniciativa aprobada, que fue enviada al Senado de la República para
su seguimiento legislativo, señala en su artículo 66 que "las
autoridades educativas y sanitarias se coordinarán para la aplicación"
de las nuevas disposiciones.
De este modo, de avanzar en el Senado el decreto correspondiente, en
breve las "tienditas" de las escuelas públicas quedarán en obligación de
evitar vender a los estudiantes y a la comunidad escolar en general
refrescos, frituras, dulces y cualquier tipo de los considerados
alimentos chatarra, carentes de todo valor nutricional en su inmensa
mayoría.
De acuerdo con el dictamen aprobado, en adelante los recreos para los
estudiantes de escuelas públicas serán distintos, ya que los alumnos
deberán comer frutas y verduras en lugar de papas fritas, chicharrones,
charritos, galletas y refrescos, como ha sido costumbre durante largos
años.
Acompañada a esta disposición, los diputados de todos los partidos
políticos resolvieron que en adelante las escuelas deberán de manera
obligada destinar 30 minutos diarios al ejercicio físico de los alumnos.
De igual forma, quedaron aprobadas las actividades recreativas, de
esparcimiento, culturales y de promoción para proveer una alimentación
equilibrada baja en grasas y azúcares, que permitan un desarrollo sano
del núcleo familiar, procurando así la salud física y mental de la
familia.
La reforma aprobada tiene que ver con los artículos 65 y 66 de la Ley
General de Salud, y busca en su conjunto fortalecer los programas de
educación y de nutrición para promover hábitos de alimentación sanos, y
para llevar a cabo actividades cuyo fin sea prevenir, tratar de modo
adecuado y controlar la obesidad en el país.
En la exposición de motivos o justificación de la iniciativa, los
legisladores señalan que en México la obesidad infantil "se ha
convertido en un problema social y una preocupación pública, ya que en
la actualidad la Secretaría de Educación Pública determinó que el 30 por
ciento de la población infantil sufre sobrepeso y obesidad".
"El problema no radica en el exceso de peso que tiene el infante, sino
en las enfermedades crónicas que puede presentar a largo plazo, mismas
que pueden ser cardiovasculares, diabetes, hipertensión arterial,
ciertos tipos de cáncer y problemas en las vías respiratorias", señala
el documento avalado.
Al fijar la posición del PRI a favor del dictamen, la diputada María
Cristina Díaz Salazar dijo que el sobrepeso y la obesidad infantil ha
logrado colocar a México en el primer lugar de estos padecimientos, pues
se estima que en 2012 de cada 10 mexicanos nueve tendrán sobrepeso y
obesidad.
Por el Partido Verde, el diputado Carlos Alberto Ezeta Salcedo sostuvo
que la obesidad y el sobrepeso representan un problema de salud muy
serio para todos los mexicanos, en especial para los niños y
adolescentes que están en edad escolar.
Dichos padecimientos, agregó, representan un gasto que pone en riesgo la
sustentabilidad y la viabilidad de los sistemas de salud en México,
pues los gastos ascienden a más de 67 millones de pesos y se espera que
para 2017 esa cifra crezca a 150 mil millones de pesos.
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