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El análisis que el Instituto para la Investigación del Medicamento en los Sistemas de Salud (IFARMA) ha venido sometiendo a consideración de los actores del sector parte del entendido de que existe una crisis estructural en el sistema de salud. Crisis de credibilidad, crisis de resultados, crisis de sostenibilidad y crisis de conducción.

Para muchos el elemento fundamental de la crisis es conceptual, de enfoque, de concepción. La salud, que con dificultad ha sido reconocida como un derecho fundamental, se ha convertido en una mercancía donde la competencia y la regulación han sustituido a la ética, y donde un nuevo actor ha ocupado gradualmente todo el espacio disponible: el ánimo de lucro.

Las crisis estructurales suelen hacerse evidentes de manera coyuntural. Y la emergencia social con la que terminó el 2009 fue su expresión más explosiva. Hay, sin embargo, quienes son del criterio de que enfrentamos una secuencia de excesos de algunos actores y una secuencia de debilidades del regulador, que se corrigen con fortalecimiento, decisión y lucha frontal contra la corrupción, sin que se considere la necesidad de transformaciones estructurales.

Los medicamentos han sido, como nunca, la cara más evidente de la crisis. Crisis que no se reduce a una corrupción generalizada que pueda ser corregida con el fortalecimiento de la vigilancia y el control, y de la transparencia, aunque ciertamente la corrupción sea el aspecto más importante y visible de la crisis actual del sistema. La enorme dimensión de la corrupción, sin embargo, no debe ocultar que detrás de su innegable carácter coyuntural (ojalá irrepetible), descansa un problema estructural similar al que enfrentamos en el conjunto de la salud.

El carrusel de corrupción

La emergencia social tuvo como uno de sus desencadenantes el exagerado crecimiento en el costo de los medicamentos No POS. La emergencia se cayó porque este crecimiento no era imprevisible, ni sobreviviente ni coyuntural, y venía siendo advertido con insistencia por lo menos desde el año 2004, por diferentes actores, entre los que merecen destacarse la Federación Médica Colombiana y su Observatorio del Medicamentos (OBSERVAMED), Misión Salud e IFARMA, organizaciones de la sociedad civil que jugaron un papel importante en la oposición al capítulo de propiedad intelectual de los tratados de libre comercio, para hacer ver las implicaciones en el acceso a los medicamentos y en los precios.

En los Decretos de emergencia el gobierno "notificó" a la ciudadanía de la existencia de un carrusel de corrupción en el caso de los medicamentos No POS. Carrusel del que participaron los fabricantes, en la medida en que, al amparo de un régimen de libertad de precios, aplicaron y aplican a Colombia precios superiores a los que cobran en países vecinos como Argentina, Brasil o Venezuela, y en algunos casos superiores a los de Suiza, Estados Unidos o Alemania. Ese fue el motivo de la expedición del Decreto de Importaciones Paralelas, régimen que tuvo un complemento que solamente se explica por un profundo grado de "captura" de las autoridades, en la conversión de los precios de los medicamentos en un "secreto industrial" y en "información confidencial”.

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