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El Poder Ejecutivo emitió ayer un decreto que confirma una resolución del 23 de noviembre de 2009 por la que se prohibió la comercialización, importación y registro como marca y publicidad de cualquier dispositivo electrónico para fumar, conocidos como "cigarrillo electrónico".

La empresa uruguaya Paul Vapor Store fue la primera en importar estos cigarros desde China, y su director, Paul Spradling, recurrió ese decreto a fines de 2009.

En la impugnación argumentó que la prohibición le causaba perjuicios y lesionaba sus derechos como comerciante y cuestionó una "desviación de poder" dado que el producto que vendía no contenía tabaco, como sí otros productos cuya venta no está prohibida.

En el nuevo decreto, publicado ayer por Presidencia, se resalta que no existen "datos científicos" que avalen la posición de los recurrentes. Las autoridades sanitarias habían señalado que los cigarrillos electrónicos contenían sustancias "muy tóxicas para el ser humano", como el dietilglicol, un gas que se usa para congelar en los freezers.

En tanto, el Consejo Directivo de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) aprobó ayer una declaración sobre Control de Tabaco que incluye un apoyo explícito a Uruguay ante el juicio que le inició la tabacalera Phillips Morris por las medidas restrictivas contra el tabaco.

Los ministros de Salud de América Latina se comprometieron a "tomar medidas para contrarrestar los intentos de la industria tabacalera para subvertir los esfuerzos de salud pública destinados a proteger a las personas de los efectos nocivos del consumo de tabaco".

En tanto, la Cancillería contrató para el litigio contra Phillips Morris al estudio Foley Hoag LLP, el mismo que defendió a Uruguay en la Corte de La Haya en la instalación por Botnia, informó Búsqueda.

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