El presente informe contiene apreciaciones a nivel personal, procurando
analizar sobre qué piso estamos parados a un año y medio de instaladas
las nuevas autoridades. De más está decir que el mismo no implica el
análisis de las personas que circunstancialmente ocupan cargos de
diferente jerarquía.
Desde hace varios años venimos escuchando la frase de “la Salud está en crisis” y otras por el estilo.
Pasamos por diferentes administraciones que realizaron “retoques” sin llegar a los elementos de fondo que generaron dicha crisis. En el período de gobierno que antecede al actual, asistimos a la peor agudización de dicha crisis.
Es así que avizorando la debacle inminente de diferentes instituciones, se recurre a dos medidas principales además de otras de carácter operativo, con el fin de impedir dicha debacle:
- Se recurre a un préstamo del BID, para lo cual se realizan auditorías en las diferentes instituciones a fin de que califiquen para dicho préstamo además de crearse un estatuto tipo al cual ceñirse, el cual se adjudica a casi todas las solicitantes.
- Luego, y como medida de evitar la emigración de los afiliados a través de la ex-DISSE, y con carácter transitorio (en principio por seis meses), se habilita el Decreto 205/000 por el que se establece la inamovilidad de dichos afiliados.
El resultado es por todos conocido: En forma sucesiva y como si fueran piezas de dominó, fueron al cierre en forma sucesiva MIDU, COMAEC, Central Médica, OCA Larghero, Uruguay España, COMUE y CIMA.
El SNIS
Fue con gran expectativa que vimos cómo desde filas del actual partido de gobierno se venía trabajando en diferentes documentos que desembocaron en el Plan de Salud para un eventual gobierno Progresista, en los meses previos a las elecciones pasadas. Esto, con vistas a la instrumentación del Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS).
Dicho SNIS toma elementos que surgen del análisis profundo de diferentes experiencias en otros países con experiencias diferentes, y diferentes grados de éxito.
En este punto, a mi criterio personal, cabe realizar una primera crítica de fondo que marca de forma sumamente negativa dicho proyecto de SNIS:
Se establece la creación de una Junta Nacional de Salud, que estaría conformada de la siguiente manera: El MSP en mayoría, quien tendría a su vez la presidencia en la persona del Ministro. Luego, un integrante representante de los médicos de Montevideo nucleados en el SMU, un representante de los médicos del interior nucleados en la FEMI, un representante de los trabajadores no médicos nucleados en FUS, y un representante de los usuarios nucleados en organizaciones debidamente acreditadas.
Varias puntualizaciones:
- En primer lugar, nadie puede desconocer que tanto el SMU como la FEMI, son, además de organizaciones gremiales, propietarias de la mayor Institución de Asistencia Médica Colectiva (IAMC) de Montevideo junto con una Sociedad Anónima proveedora de servicios de Emergencia Móvil, además de la propiedad de la inmensa mayoría de las IAMCs del interior del país. Cabe preguntarse de manera legítima, cual sería la manera de omitir una de las cualidades que le dan esa doble condición. Es indiscutible que se trata de una condición indisoluble. Por tanto, es legítimo también inferir, que algunas empresas de salud estarían indirectamente representadas en dicha Junta.
- En segundo lugar, es reconocido por todos los actores, aunque discutible, que existen personas que por diferentes motivos han optado no integrar las organizaciones gremiales. Cabe preguntarse de qué manera podrían verse representados, cuando se establece a texto expreso que la representatividad es de los gremios involucrados.
- En tercer lugar, y a mi juicio lo más grave, falta la representación de las empresas, las que integran un sector hiper regulado desde el punto de vista económico financiero, comercial, y asistencial. Son esas empresas, quienes satisfacen las necesidades de nada menos de la mitad de la población.
A este respecto, es ineludible citar el ejemplo del Banco de Previsión Social (BPS).
En ese organismo el Estado integra el Directorio en mayoría, con cuatro miembros incluida la Presidencia. Además, lo integran un representante de los trabajadores, un representante de los empresarios, ambos como factores de suma importancia en el financiamiento del sistema. Por otra parte, un representante de los pasivos, como usuarios principales del sistema. Es decir, existe representación de absolutamente todos los sectores involucrados, con voz y voto, y con poder de decisión y con capacidad de influir en las decisiones.
No es esto lo que se pretende para el sector Salud, a mi juicio es peor.
Se establece la creación de “Consejos Consultivos”, en los cuales están representados todos los sectores, además de aparecer por primera vez las empresas de Salud. Con voz, donde se les permite dejar saber sus coincidencias y discrepancias con el Programa, mientras se les impide participar a nivel del que habría de ser el órgano rector de los destinos de la Salud.
Creo que por ser uno de los actores más importantes, no puede quedar relegado el sector a un segundo plano, sin tener acceso al voto en la toma de decisiones, a la vez que, como fuera señalado más arriba, exista desigualdad entre las IAMC a la hora del acceso a la información, y de la participación de la fijación de los rumbos de la Salud de los uruguayos.
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