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Tendremos que irnos acostumbrando al nombre y las siglas: se viene el SNIS. Tardará algunos meses más o menos, pero es casi seguro que la determinación política de este Gobierno es sancionar la ley del Sistema Nacional Integrado de Salud. Votos no le faltan. Estuvo en sus más viejas plataformas. Todos lo reclamaron, aunque es posible que cuando pedían eso, cada cual estuviera pensando en un producto diferente. Habrá que leer el proyecto detenidamente, para ver qué es lo que propone y hasta donde llega. Pero no parece que en definitiva haya grandes cambios, al menos en el corto plazo. Las instituciones seguirán siendo de dos tipos: las públicas y las privadas, a las cuales cada ciudadano podrá escoger como la de su elección para atenderse. El pago será diferente de lo que hasta ahora: no más cuotas mutuales por un lado, ni carnés de pobre por otro, sino un impuesto a los sueldos y jubilaciones, más un aporte de los empleadores. Algo así como un DISSE mejorado y ampliado. Si a todos los atienden por igual, con la misma calidad, y con la libertad de elegir, todo va bien.
Otra cosa es cuando le dicen a alguien que debe pagar por el servicio de manera diferente a lo que venía haciendo hasta ahora. Será más justo socialmente, pero es sustancialmente distinto en su modo de pago y para mucha gente le costará ahora más. Se dirá: pero ahora recibirá atención el que tiene el empleo y su núcleo familiar, cónyuge e hijos menores de 18 años. Eso es bueno, y una mejora sustancial.
Pero ¿están todas las instituciones en pie de igualdad? ¿Es lo mismo atenderse en un hospital público que en cualquier institución privada?
Seguramente en esto radicará uno de los mayores desafíos del cambio. En el cambio del modelo de gestión.
Pasar de un hospital público que fue gestionado, durante un siglo o dos, como un hospital para pobres, atendiendo pocas horas a la mañana, y el resto del día permaneciendo con sus instalaciones ociosas, con poco personal de enfermería y sin atender policlínicas, y sólo la puerta de emergencia, es algo que no correría más. O no debería correr. Se requieren servicios que funcionen armónicamente, bien organizados, con buena infraestructura administrativa e informática, buenas comunicaciones y con el personal idóneo y los medios tecnológicos y de hotelería apropiados.
Todo eso no se hace en 24 horas, ni en un año, ni por decreto, ley o cambio constitucional. Se hace a través de un largo proceso de cambios, que tienen que comenzar, sí, pero para el que también es necesario tener gente idónea, preparada, y altamente motivada.
Es un hecho básico que el público deberá atenderse por igual en el sector público y en el privado, con la misma calidad, o casi con la misma. Sabiendo que en determinados plazos, los servicios serán comparables. Cada cual en lo suyo, mejorando, calificándose, certificándose e incorporando una serie de herramientas de gestión que son hasta ahora desconocidos en la mayor parte de los hospitales públicos, y también en algunas instituciones privadas.
No todo es lindos edificios, buenas salas de espera, cuadros de pintores impresionistas franceses en habitaciones y pasillos y publicidad en los medios masivos diciendo que “somos los mejores”. Hay que ver cómo funciona y cómo lo tratan al paciente, a la hora de ir a atenderse. Qué seguimiento le hacen, con qué prontitud le otorgan turnos, le realizan exámenes o le fijan cirugía. Qué es lo que tiene que pagar, además de los descuentos que le vendrán en el sobre del sueldo o la jubilación.
Porque también está dicho que tendrán que pagar tiques moderadores. ¿Quiénes, cuándo, por qué? No sabemos si para la medicación, para los exámenes o para las consultas.
Posiblemente, o seguramente, habrá que superar muchos obstáculos, intereses legítimos y de los otros, puntos de vista diferentes, presiones de los gremios interesados en conservar el statu quo. Pulir diferencias, buscar encuentros, armonizar criterios, superar dificultades y escollos. Todo eso se logra con el tiempo y la persistencia. En fin, que hay mucho trigo todavía para moler.
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