Sorpresivamente, el Ministerio de Salud desplazó a los directores de la
oficina de Caracterización de Beneficiarios, donde se expidió el carné
gratuito al ex senador Leonardo Nicolini. Además, sumarió a dos
funcionarias que intervinieron en el trámite.
Las autoridades de la cartera resolvieron intervenir el Departamento de
Caracterización de Beneficiarios de ASSE, ubicado en la calle Cerro
Largo. La medida determinó el traslado a otras dependencias del
Ministerio de Salud de los dos máximos jerarcas de esa oficina: el
director nacional Eduardo Aicardi y el director departamental José
Ramos.
Pero, además, en base a las conclusiones de una investigación
administrativa (iniciada el 2 de febrero), el Ministerio decidió
sumariar a dos funcionarias que participaron en el control y la
expedición de los dos carnés que obtuvo el ex senador del MPP Leonardo
Nicolini.
El director general de ASSE, Tabaré González, confirmó a El País la intervención y también los dos sumarios.
González prefirió no identificar a las dos funcionarias que fueron
separadas del cargo preventivamente por seis meses, mientras se
sustancia el sumario. Sin embargo, la presidenta del gremio de
funcionarios de Salud Pública, Beatriz Fagián, dijo que se trata de
Malena Pintos y Ana Rovascio.
La Federación de Funcionarios se reunirá hoy en asamblea para
evaluar posibles medidas. Pero Fagián adelantó que la decisión cayó muy
mal. "Siempre se corta por el hilo más fino. Creemos que acá hay otro
montón de responsabilidades mayores. Pero esperemos que las compañeras
demuestren su inocencia", apuntó la dirigente.
González explicó que la investigación administrativa concluyó que
existieron "errores" y aconsejó instruir los dos sumarios a los
funcionarios, frente a la posibilidad de que hayan existido faltas o
responsabilidades administrativas.
El director agregó que el Departamento de Caracterización quedará en manos de una interventora, la licenciada Rosario Grove.
La técnica tendrá la misión de "adecuar" el servicio. Para ello, se
le solicitó que establezca un "plan de operaciones" y una estimación de
los recursos necesarios.
Estas medidas se tomarán como etapa de "transición", ya que el
director insistió en que el sistema de identificación actual se iba a
modificar con el futuro seguro nacional de salud.
La decisión del Ministerio de Salud Pública sorprendió a la
oposición, que considera que hubo un "cambio" en relación a las
respuestas esgrimidas por la ministra María Julia Muñoz, cuando
compareció en el Parlamento.
El 6 de febrero, Muñoz había hecho énfasis en la responsabilidad de
un becario de 22 años y había defendido enfáticamente la actuación de
los directores del servicio.
En su comparecencia ante la Comisión de Salud de Diputados, Muñoz se
había centrado en las falencias del programa informático y en errores
del proceso, más que en responsabilidades individuales. Incluso,
adelantó que el director de Jurídica no le había anunciado la
posibilidad de sumarios, a poco de concluir la investigación
administrativa.
"La verdad es que nos llama poderosamente la atención esta decisión.
No coincide para nada con lo que se respondió en la Comisión de Salud",
opinó el diputado blanco Miguel Asqueta. El legislador hizo alusión a
las actas de la reunión, donde Muñoz defendió la actuación de Aicardi.
La ministra había dicho que nunca le mereció "objeción en su tarea" y
que estaba al frente del servicio desde su creación en 1995.
"Es un hombre que sabe de administración de registros médicos. No es
una persona a la que se le haya hecho algún tipo de cuestionamiento",
había alegado. Incluso, comentó que Aicardi recibió el carné de
Nicolini devuelto por la abogada Graciela López Tadeo y "correctamente"
lo envió a ASSE.
"Esperemos que esto no sea una caza de brujas", dijo Asqueta, en
alusión a la filiación política de Aicardi, un funcionario que no es
votante del Frente Amplio.
González explicó que cuando la ministra concurrió al Parlamento la
investigación no estaba terminada, y que ahora existe una "acumulación
de elementos".
Si bien Aicardi y Ramos no fueron sumariados, parece difícil que
éstos retornen a sus funciones. Empero, para el director de ASSE, "no
existe ninguna presunción" sobre el destino de ambos directores.
Reseña de un caso polémico
El 6 de diciembre pasado el ex senador del Movimiento de
Participación Popular, Leonardo Nicolini, se operó de una afección
renal en el Hospital Pasteur. El legislador tramitó un carné de
asistencia gratuita, y posteriormente, un carné bonificado. Ambos
documentos fueron devueltos luego por su abogada. Sin embargo, el caso
recién se conoció el 1° de febrero a través del semanario Búsqueda.
Nicolini explicó que se produjo un "error administrativo" y que pagó la
primera cuota de la operación. Sin embargo, el MPP le pidió la
renuncia. El 7 de febrero pasado el Senado aceptó por unanimidad la
dimisión. El MPP analizó otorgarle un subsidio de $ 23 mil al ex
senador, pero Nicolini renunció al cobro de este beneficio. A cuatro
días de conocido el caso, la jueza Gabriela Merialdo inició una
investigación.
Cuando la ministra Muñoz habló de fallas "estructurales"
Si bien el 6 de febrero la ministra María Julia Muñoz precisó que la
investigación administrativa sobre el otorgamiento de un carné de
asistencia al ex senador Nicolini no había culminado, quedó la fuerte
impresión de que no habría sanciones. Muñoz, además, reconoció las
grandes falencias del Servicio de Caracterización de Beneficiarios pero
no esbozó la posible intervención. La ministra hasta tomó distancia de
las recomendaciones de la auditoría del servicio, porque éste iba a
desaparecer con la implementación del Sistema Nacional de Salud.
"Jurídica va a hacer sus conclusiones. (Pero) también debemos decir
que hablamos con su director, que entiende que las responsabilidades
son inherentes a la organización estructural del servicio", dijo.
Muñoz agregó que se había archivado la primera indagatoria, porque
"no hubo intencionalidad en los funcionarios que trabajaron" en el
caso. "Han habido errores en los trámites por desconocimiento, porque
el servicio no ha brindado una capacitación adecuada a las personas que
allí trabajan", respondió.
Si bien leyó las conclusiones de una auditoría, que señalaban graves
carencias en el chequeo de las declaraciones juradas, Muñoz no adelantó
posibles cambios. Es más, se pronunció por no hacer grandes
"inversiones" en un sistema que iba a desaparecer.
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