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MSP ordena sumarios e interviene oficina que da carné de asistencia PDF Imprimir E-Mail
Diario El País (Rosario Touriño)   
viernes, 02 de marzo de 2007
Sorpresivamente, el Ministerio de Salud desplazó a los directores de la oficina de Caracterización de Beneficiarios, donde se expidió el carné gratuito al ex senador Leonardo Nicolini. Además, sumarió a dos funcionarias que intervinieron en el trámite.

Las autoridades de la cartera resolvieron intervenir el Departamento de Caracterización de Beneficiarios de ASSE, ubicado en la calle Cerro Largo. La medida determinó el traslado a otras dependencias del Ministerio de Salud de los dos máximos jerarcas de esa oficina: el director nacional Eduardo Aicardi y el director departamental José Ramos.

Pero, además, en base a las conclusiones de una investigación administrativa (iniciada el 2 de febrero), el Ministerio decidió sumariar a dos funcionarias que participaron en el control y la expedición de los dos carnés que obtuvo el ex senador del MPP Leonardo Nicolini.

El director general de ASSE, Tabaré González, confirmó a El País la intervención y también los dos sumarios.

González prefirió no identificar a las dos funcionarias que fueron separadas del cargo preventivamente por seis meses, mientras se sustancia el sumario. Sin embargo, la presidenta del gremio de funcionarios de Salud Pública, Beatriz Fagián, dijo que se trata de Malena Pintos y Ana Rovascio.

La Federación de Funcionarios se reunirá hoy en asamblea para evaluar posibles medidas. Pero Fagián adelantó que la decisión cayó muy mal. "Siempre se corta por el hilo más fino. Creemos que acá hay otro montón de responsabilidades mayores. Pero esperemos que las compañeras demuestren su inocencia", apuntó la dirigente.

González explicó que la investigación administrativa concluyó que existieron "errores" y aconsejó instruir los dos sumarios a los funcionarios, frente a la posibilidad de que hayan existido faltas o responsabilidades administrativas.

El director agregó que el Departamento de Caracterización quedará en manos de una interventora, la licenciada Rosario Grove.

La técnica tendrá la misión de "adecuar" el servicio. Para ello, se le solicitó que establezca un "plan de operaciones" y una estimación de los recursos necesarios.

Estas medidas se tomarán como etapa de "transición", ya que el director insistió en que el sistema de identificación actual se iba a modificar con el futuro seguro nacional de salud.

La decisión del Ministerio de Salud Pública sorprendió a la oposición, que considera que hubo un "cambio" en relación a las respuestas esgrimidas por la ministra María Julia Muñoz, cuando compareció en el Parlamento.

El 6 de febrero, Muñoz había hecho énfasis en la responsabilidad de un becario de 22 años y había defendido enfáticamente la actuación de los directores del servicio.

En su comparecencia ante la Comisión de Salud de Diputados, Muñoz se había centrado en las falencias del programa informático y en errores del proceso, más que en responsabilidades individuales. Incluso, adelantó que el director de Jurídica no le había anunciado la posibilidad de sumarios, a poco de concluir la investigación administrativa.

"La verdad es que nos llama poderosamente la atención esta decisión. No coincide para nada con lo que se respondió en la Comisión de Salud", opinó el diputado blanco Miguel Asqueta. El legislador hizo alusión a las actas de la reunión, donde Muñoz defendió la actuación de Aicardi. La ministra había dicho que nunca le mereció "objeción en su tarea" y que estaba al frente del servicio desde su creación en 1995.

"Es un hombre que sabe de administración de registros médicos. No es una persona a la que se le haya hecho algún tipo de cuestionamiento", había alegado. Incluso, comentó que Aicardi recibió el carné de Nicolini devuelto por la abogada Graciela López Tadeo y "correctamente" lo envió a ASSE.

"Esperemos que esto no sea una caza de brujas", dijo Asqueta, en alusión a la filiación política de Aicardi, un funcionario que no es votante del Frente Amplio.

González explicó que cuando la ministra concurrió al Parlamento la investigación no estaba terminada, y que ahora existe una "acumulación de elementos".

Si bien Aicardi y Ramos no fueron sumariados, parece difícil que éstos retornen a sus funciones. Empero, para el director de ASSE, "no existe ninguna presunción" sobre el destino de ambos directores.

Reseña de un caso polémico

El 6 de diciembre pasado el ex senador del Movimiento de Participación Popular, Leonardo Nicolini, se operó de una afección renal en el Hospital Pasteur. El legislador tramitó un carné de asistencia gratuita, y posteriormente, un carné bonificado. Ambos documentos fueron devueltos luego por su abogada. Sin embargo, el caso recién se conoció el 1° de febrero a través del semanario Búsqueda. Nicolini explicó que se produjo un "error administrativo" y que pagó la primera cuota de la operación. Sin embargo, el MPP le pidió la renuncia. El 7 de febrero pasado el Senado aceptó por unanimidad la dimisión. El MPP analizó otorgarle un subsidio de $ 23 mil al ex senador, pero Nicolini renunció al cobro de este beneficio. A cuatro días de conocido el caso, la jueza Gabriela Merialdo inició una investigación.

Cuando la ministra Muñoz habló de fallas "estructurales"

Si bien el 6 de febrero la ministra María Julia Muñoz precisó que la investigación administrativa sobre el otorgamiento de un carné de asistencia al ex senador Nicolini no había culminado, quedó la fuerte impresión de que no habría sanciones. Muñoz, además, reconoció las grandes falencias del Servicio de Caracterización de Beneficiarios pero no esbozó la posible intervención. La ministra hasta tomó distancia de las recomendaciones de la auditoría del servicio, porque éste iba a desaparecer con la implementación del Sistema Nacional de Salud.

"Jurídica va a hacer sus conclusiones. (Pero) también debemos decir que hablamos con su director, que entiende que las responsabilidades son inherentes a la organización estructural del servicio", dijo.

Muñoz agregó que se había archivado la primera indagatoria, porque "no hubo intencionalidad en los funcionarios que trabajaron" en el caso. "Han habido errores en los trámites por desconocimiento, porque el servicio no ha brindado una capacitación adecuada a las personas que allí trabajan", respondió.

Si bien leyó las conclusiones de una auditoría, que señalaban graves carencias en el chequeo de las declaraciones juradas, Muñoz no adelantó posibles cambios. Es más, se pronunció por no hacer grandes "inversiones" en un sistema que iba a desaparecer.


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