Instituciones privadas de salud, nucleadas en diferentes agremiaciones, comparecieron en el Parlamento y coincidieron en las críticas que hicieron a la proyectada reforma de la salud, impulsada por el gobiemo. Con diversos argumentos, dirigentes y asesores de estas gremiales, denunciaron que el Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS) significará para las mutualistas una serie de “actividades enteramente planificadas y controladas por el Estado", que afectarán la "libertad de asociación", la "libertad de empresa", la "libertad de trabajo", la 'libertad de expresión" y suponen una “extrema limitación a la gestión empresarial", al excluir hacia el futuro toda posibilidad de competencia en el mercado de la salud.
Estas preocupaciones fueron manifestadas el 26 de abril por
representantes de la Federación Médica del Interior (FEMI), la Unión
de la Mutualidad, el Plenario de Instiituciones Mutuales y la Cámara
Nacional de Emergencias y Asistencia Extrahospitalaria en la Comisión
de Salud Púbiica integrada con Hacienda de la Cámara de Senadores.
El presidente de Femi, Yamandú Fernández, señaló que en ias
mutualistas del interior genera “preocupación" la “extrema limitación
que se les impone a las instituciones privadas en su capacidad de
gestión empresarial". El nuevo sistema, argumentó, supone pasar a un
régimen de "actividades enteramente planificadas y controladas por el
Estado y con una indeterminada gama de sanciones económicas ante
cualquier incumplimiento, así como la desaparición del principio de la
libre elección del prestador impuesta a ciertos sectores de la
población".
Femández criticó la intención del Ministerio de Salud Pública (MSP) de
regular toda adquisición de tecnología por parte de privados y señaló
que "no se refiere sólo a la tecnologia de alto costo y complejidad,
sino a toda ella sin excepciones", lo que transforma" al MSP en el
"controlador exclusivo del avance técnico y ciantífico que se pueda
producir en el país".
El dirigente de Femi también denunció que limita el derecho de libre
elección una disposición del proyecto que faculta al MSP a establecer
en qué instituciones se asistirán las personas de bajos recursos,
quienes perciben menos de 2,5 bases de prestaciones y contribuciones
($ 4.090 pesos).
Agregó que la "cogestión con funcionarios y usuarios en forma
preceptiva", estabiecida en el proyecto, “lesiona los derechos" de las
"empresas que optaron por organizarse de confomidad con las
disposiciones vigentes, asumlendo sus propios riesgos y sus órganos de
control internos y externos sin otro fiscalizador que sus dueños y el
propio Estado".
“Si bien las IAMC --Insti-tuciones de Asistencia Médica Colectiva---
podrân decidir no ingresar al sistema y así mantener su actual régimen
de funcionamiento, en la práctica eso es inviable, al menos en el interior del país, ya que actualmente las instituciones obtienen
prácticamente el 100% de sus ingresos por los afiliados colectivos,
que en el futuro estarán cubiertos por el Sistema", aseveró Femández.
“El poder de la empresa queda absolutamente limitado en cuanto a las
posibilidades de optar", opinó el asesor letrado de Femi, Alvaro
Eguren.
Sin autonomía.
En la misma comisión parlarrmentaria, Julio Martinez, asesor de la
Unión de la Mutualidad ---que integran Casa de Galicia, la Asociación
Española y el Hospital Evangélico, institucionas que reúnen a 280 mil
afiliados--, advirtió en nombre de estas instituciones que "es central
mantener autonomía de gestión en las instituciones", en el entendido
de que si los asociados eligieron una institución "es por alguna razón".
Citando al jurista Enrique Sayagués Laso, Martínez argumentó que la
prestación de servicios de salud es un ámbito "donde los particulares
actúan por derecho propio", por lo que consideró “exorbitante" que la
Junta Nacional de Salud, que funcionará como el órgano directriz del
nuevo sistema, 'controle relaciones que hacen estrictamente a la
autonomía privada en materia contractual como es el establecimiento de
precios".
Dijo además que si bien ya existen decretos que dis-ponen que las
instituciones deben pedir autorización para la adquisición de
tecnología, éstos hace “15 años que no se aplican".
Minutos después, también expusieron su punto de vis-ta en esa Comisión
del Senado representantes del Plenario de Instituciones Mutuales, que
agrupa a Impasa, Gremca, Servicio Médico Integral y Universal
--instituciones que reúnen a 150 mil afiliados.
Antonio Kamaid, asesor de la gremial, señaló que el proyecto "afecta la
libertad de asociación, la libertad de empresa, la libertad de trabajo
e implica privar (de la toma de decisiones) por vía administrativa a
quienes corren el riesgo, para luego ser responsabilizados por esas
(decisiones)".
Dijo además que la prohi-bición de realizar publicidad que se impondrá
a las instituciones, prevlsta en el proyecto de creación del nuevo
sistema, constituye una hipótesis de "censura previa" y es “violatoria
de la libertad de expresión, sin censura previa", consagrada en el
artículo 29 de la Constitución.
“¿Cuál es el fundamento de tener empresas privadas o expresar que las
mismas continuarán funcionando en forma autónoma cuando, en realidad,
no vemos en qué consistirá dicha autonomía más allá de la asunción de
los riesgos que deriven de su gestión?”, continuó Kamaid.
Powered by AkoComment! |