Los trabajos de un grupo de investigadores de la Universidad de Miami y los 34 minutos de agonía de un reo ejecutado el pasado diciembre han provocado que 11 Estados suspendan temporalmente la aplicación de la inyección letal por considerarla un castigo "cruel".

La inyección letal se popularizó en Estados Unidos a partir de los 80 como una alternativa "más humana" a otros métodos de ejecución (silla eléctrica, horca y pelotón de fusilamiento). Hoy en día es la principal forma de imponer la pena capital en 37 de los 38 Estados en los que está en vigor.

Sin embargo, varios acontecimientos han puesto en entredicho esta "humanidad" y 11 Estados han interrumpido las ejecuciones hasta que se aclare esta cuestión. El caso más llamativo ocurrió el 13 de diciembre de 2006, cuando Ángel Nieves Díaz fue ejecutado por inyección letal en la Prisión Estatal de Florida. Agonizó durante 34 minutos hasta que los funcionarios le administraron una segunda dosis.

Este ejemplo ilustra lo que al parecer sucede en algunas ejecuciones. El tiopental sódico (anestésico), el bromuro de pancuronio (bloqueante neuromuscular) y el cloruro potásico (electrolito), los fármacos que componen la inyección, no tienen un efecto letal tan inmediato como a priori se pensaba.

Un método ineficaz, una muerte agónica

Cuando funcionan del modo esperado, el tiopental induce la sedación del reo mientras que los dos restantes le provocan una parada cardiorrespiratoria que acaba con su vida. Pero casos como el de Ángel Díaz y los trabajos de un grupo de investigadores de la Universidad de Miami (EEUU) publicados en 'The Lancet' (2005) y 'PLoS Medicine' (2007) indican que no siempre sucede así.

En el último de estos estudios, que completa datos del anterior, el equipo dirigido por Leonidas G. Koniaris y Teresa A. Zimmers ha analizado los datos oficiales de 42 ejecuciones en Carolina del Norte y ocho en California, Estados en los que esta información es pública, junto con relatos de testigos y datos sobre clínica veterinaria. Sus averiguaciones recalcan la existencia de tres puntos negros en la aplicación de la inyección que pueden desencadenar la agonía del preso.

En primer lugar, la toma de la vía a través de la cual se inyectan los fármacos la realiza un funcionario de prisiones, nunca personal sanitario. Muchas veces existen problemas para encontrar una vena y se tiene que pinchar varias veces hasta dar con ella. Otras, ni siquiera se advierte que la aguja está mal colocada y que no está alojada en el vaso por lo que los fármacos penetran en los tejidos y su efecto se retrasa y prolonga.

Por otro lado, las dosis de los medicamentos son estándar y no se ajustan a la envergadura de los reclusos. En consecuencia, hay una enorme variabilidad en los efectos de los compuestos, detectada también en trabajos con animales, que está potenciada por las características individuales de los ejecutados (alcoholismo, ansiedad, enfermedad hepática) que tampoco se tienen en cuenta. Ambos factores pueden hacer que, aunque esté bien administrada, la inyección no tenga el efecto esperado.

En algunos de los casos analizados por Koniaris y sus colegas los reos mostraban concentraciones post mórtem de tiopental (el anestésico) excesivamente bajas, lo que sugiere que "podría no ejercer un efecto fatal y ser insuficiente para inducir una anestesia quirúrgica duradera durante el periodo de la ejecución", según ha explicado a elmundo.es Francisco López Muñoz, especialista en farmacología que colaboró en este estudio.

Las autopsias mostraron que el 88% de los reclusos tenía concentraciones plasmáticas inferiores a las empleadas en anestesia quirúrgica. Además, el análisis mostró que el cloruro de potasio no siempre provoca una parada cardiaca fulminante como debería por lo que sería el bromuro de pancuronio, que paraliza la musculatura, el agente letal. El resultado es que "el recluso experimenta una agónica sensación de asfixia y de quemazón, dolor interno y masivos espasmos musculares" antes de morir por una parada cardiaca o, en el peor de los casos, ahogados, según López Muñoz.

En los países occidentales las técnicas de eutanasia animal son rigurosamente evaluadas, revisadas y aplicadas según unas guías diseñadas por especialistas y asociaciones profesionales. La inyección letal se introdujo sin haber realizado los estudios mínimos y sin que ninguna comisión ética evaluase los protocolos y sus efectos.

Sin pruebas fehacientes de que la inyección funciona como idealmente se cree desde su invención en 1977 (provocando una parada cardiaca mientras la persona está sedada) no se podría utilizar para matar a un perro o a un ratón. Sin embargo, es el método por el que mueren miles de personas al año en el mundo, principalmente en China, y decenas en Estados Unidos.

El tiempo normal que tarda el preso en morir oscila entre los siete y 10 minutos durante los cuales algunos de los ejecutados permanecen conscientes. Se asfixian mientras están totalmente paralizados por la acción del pancuronio, que enmascara la agonía del reo, al tiempo que experimentan una sensación de quemazón por acción del cloruro potásico.

Violación de la Octava Enmienda

Estos castigos crueles están prohibidos expresamente en la Octava Enmienda de la Constitución Estadounidense. Lo sucedido en casos como el de Ángel Díaz pone de manifiesto la ineficacia de la inyección para proporcionar una muerte rápida e indolora. Esta crueldad es la que ha llevado a 11 Estados a suspender las ejecuciones y la esperanza principal de aquellos que quieren terminar con esta práctica.

A pesar de la espuria relación que la inyección letal tiene con la medicina, la plana mayor de la revista 'PLoS Medicine' explica en un editorial que la publicación del trabajo de Koniaris "obedece a la necesidad de ser francos en la discusión pública y reflexión acerca de la pena de muerte".

Tanto los editores de esta cabecera como los autores del estudio han manifestado su oposición total a la pena capital y han puntualizado que su intención no es mejorar los protocolos de ejecución sino acabar con ellas ya que, como señala el editorial, "no hay una forma ética de establecer la humanidad de procedimientos para matar personas que no desean morir". Como rezan algunas pancartas enarboladas por los detractores de la pena de muerte, "el ojo por ojo deja ciego al mundo".

"La inyección letal –continúa el editorial- es simplemente el último de una larga lista de métodos de ejecución que se acaban por considerar inhumanos. Ya es hora de que EEUU se una a la mayoría de los países del mundo que reconocen que no existe forma humana de matar a una persona por la fuerza".