Inspectores de DGI y BPS tras fumadores; estrategia ministerial elogiada por OMS
Tuesday, 14 de February de 2006
El lunes 13 de febrero, el presidente Tabaré Vázquez firmó el decreto que autoriza al Ministerio de Salud de Pública a multar a los responsables de establecimientos cerrados que permitan fumar. A partir del 1º de marzo podrán aplicarse multas de 100 UR. Inspectores del BPS y la DGI saldrán a la caza de los fumadores que violen la disposición gubernamental. El gobierno terminó de delinear el sistema punitivo, estableciendo una multa mínima de 100 UR -poco más de $ 27.000- y 200 unidades reajustables -casi $ 55.000- en caso de reincidencia. El MSP ha iniciado una campaña de concientización, con carteles en la vía pública. Los diseños son varios, pero, el más recordado es el del spray con forma de cigarro que dice “humanizida”. La estrategia fue reconocida por la OMS, que solicitó permiso para incorporarla y utilizarla en otras partes del planeta.
El Ministerio de Salud Pública firmará convenios con otras secretarías de Estado, con dependencias gubernamentales y municipales, que facultarán a que sus inspectores puedan labrar un acta al momento de constatar el incumplimiento de la ley y elevar la denuncia al MSP, dijo a Ultimas Noticias el director nacional de Salud, Jorge Basso. Participarán, entre otros, el cuerpo de inspectores de la DGI, BPS y Ministerio de Trabajo. En esta tarea de control también estará la Asociación de Estudiantes de Medicina, diferentes ONG y organizaciones como la Alianza de Lucha Contra el Tabaco. Además, se habilitará una casilla de correo electrónico y una línea 0800 para que particulares puedan denunciar irregularidades. El decreto de la Presidencia es una medida más en la política de prevención de cáncer de pulmón y enfermedades cardiovasculares que adoptó el Ejecutivo en su cruzada contra el tabaquismo y las enfermedades derivadas de la adicción al cigarrillo.
El MSP organizará jornadas de difusión sobre la instrumentación de la resolución y promocionará "medidas atenuantes" para aquellos establecimientos que desde ya implementen una campaña de información a los clientes sobre la prohibición de fumar dentro del local que rige a partir de marzo. Entre estas atenuantes, figura la remoción de los ceniceros de las mesas de los restaurantes y su traslado a las puertas de entrada para que las personas desechen el cigarrillo antes de ingresar al establecimiento. El dinero recaudado por las multas se destinará a financiar el propio programa "País libre de Humo de Tabaco" en lugares cerrados. Basso dijo que se recurrirá a financiamiento de la Organización Panamericana de la Salud para realizar campañas mediáticas y en la vía pública, en donde también jugará un papel importante la iniciativa privada. "Apelamos a la sensibilidad y al respeto de los fumadores para tratar que el no fumador no se vea obligado a fumar. El no fumador, estamos hablando, no solamente de los que concurren a los lugares cerrados sino también de aquellos trabajadores que ven resentida su salud porque en su lugar de trabajo hay una alta concentración de humo de tabaco", dijo Muñoz.
La imposibilidad de fumar abarcará todo el local, pues el MSP, junto a Cambadu y otras organizaciones de comerciantes, acordó que ésta no sea una "medida discriminatoria" que divida los establecimientos en áreas para los que no fuman y para los que sí lo hacen (Últimas Noticias, martes 14 de febrero)..
Desde marzo
La ministra de Salud, María Julia Muñoz, informó que en una primera instancia la multa será de 100 unidades reajustables (27.300 pesos) y en un segundo llamado de atención de 200 unidades reajustables (casi 55.000 pesos).
Muñoz explicó que se instalarán amplias jornadas de difusión en las que habrá medidas atenuantes para los lugares que desde ahora comiencen a cumplir con la campaña,“informando a todos los usuarios que no se permite fumar dentro de los establecimientos, sacando los ceniceros de las mesas de los restoranes y buscando que se cumpla con la reglamentación desde antes de entrar al local, colocando ceniceros para que las personas dejen los cigarrillos allí”, sostuvo la secretaria de Estado.
Desde el próximo mes se aplicarán severas multas a los comercios que incumplan el acuerdo, Libre de Humo de Tabaco , cuyos montos ascienden entre 100 UR hasta 200 según los casos en los cuales se compruebe la irregularidad, expresó la Ministra Muñoz, tras el Acuerdo de Ministros en la Residencia de Suárez.
El monto en la primera instancia es de 100 Unidades Reajustables para el establecimiento, el que reincida y no tenga atenuantes pagará 200 UR, vamos a instalar desde ahora unas amplias jornadas de difusión manifestó la jerarca, informando a todos los usuarios que no se permite fumar dentro de los establecimientos , explicó la titular de Salud Pública, refiriéndose a las multas implementadas para los establecimientos que permitan fumar a partir del 1° de marzo .
Esta medida de respetar al no fumador en los ambientes cerrados sea una realidad, por lo cual apelamos a la sensibilidad y al respeto de los fumadores para tratar que el no fumador no se vea obligado a fumar , señaló Muñoz (El País, martes 14 de febrero).
Cómo se implementará la prohibición
El 1º de marzo entrará en vigencia el decreto presidencial que prohibe el consumo de tabaco en ambientes cerrados. Bares, restoranes, discotecas, oficinas y centros comerciales están involucrados en esta nueva normativa que implica un cambio importante en un tema que siempre genera polémicas y discusiones. Cómo se prepara el terreno para hacer frente a todos esos cambios: multas, inspecciones, preocupaciones, advertencias, resistencias y expectativas.
El decreto establece que: “todo local cerrado de uso público y toda área laboral, ya sea en órbita pública o privada destinada a la permanencia en común de las personas, deberán ser ambientes 100% libres de humo de tabaco”. En el artículo siguiente el decreto especifica que esto entrará en vigencia el 1º de marzo del 2006.
La prohibición incluye a bares, restoranes, discotecas, oficinas y centros comerciales, entre otros. Respecto a las oficinas, por ejemplo, a partir del 1º de marzo, aquí en El Espectador no se podrá fumar en absolutamente ningún lugar. Para las instituciones sanitarias y las oficinas públicas ya estaba vigente la prohibición de fumar por intermedio de decretos de 2004 y 2005.
Comencemos por aquellos que se ven involucrados con la medida y tendrán que hacer cumplir el decreto. Daniel Fernández, directivo de Cambadu si bien reconoce la necesidad de este decreto no oculta una serie de preocupaciones, debido a que si una persona fuma en un bar, por ejemplo, la sanción no será para ella, sino para el dueño del bar.
Fernández indicó que habrá un perjuicio económico porque irá menos gente a los diferentes comercios: “Esto nos va a producir pérdida de clientes, eso es indudable. El fumador no va a concurrir a nuestros locales a comer o a tomar porque en su ansiedad de fumar no se va a sentir cómodo”.
Las experiencias en países en donde ya se aplicó esta medida indican que los comerciantes no pierden clientes, ni tampoco dinero. Claro, siempre y cuando la normativa rija pareja para todos y no se permita fumar en algunos lados y en otros no. Así lo estableció un estudio realizado por la Organización Mundial de la Salud (OMS). En Irlanda, uno de los países de avanzada en este tema, se hizo una encuesta y los resultados marcaron que el 96% de los entrevistados está de acuerdo y apoya la medida.
El gerente general del Montevideo Shopping Center, Martín Valdez, explicó que no tienen ningún temor de perder clientela. En ese centro comercial –además de en los shoppings de Tres Cruces y Portones- hicieron una encuesta y los resultados fueron muy positivos en ese aspecto: “Coincide con los números que tenía el Ministerio (de Salud Pública). Un 33% de la población fuma, mientras que un 66% no lo hace. Ese 33% encuentra el decreto justo y lógico. Y una minoría lo encuentra injusto porque considera que tienen derecho de fumar aunque sea en un recinto cerrado. El porcentaje más alto de ese 33% declara que va a acatar y no va a fumar”.
En tanto, Manuel Domínguez, propietario de dos pubs en la Ciudad Vieja e integrante de la comisión de comerciantes de la zona, explica que tiene cierto temor de que se pierda clientela a raíz de este decreto: “Es una incógnita que tenemos. En cada parte del mundo (en que se aplicó un decreto similar) han habido períodos de adecuación y creo que la tendencia es que la gente sigue yendo a lugares y ha cambiado algunas cosas por otras. Por ejemplo, se cambió el cigarro por más consumo de bebidas. En otros lados aumenta la venta de dulces, golosinas... Hay que ver. Hay que esperar que pasen seis meses para tener una respuesta”, dijo el comerciante.
Asimismo, Fernández indicó que no hubo un período de transición para aplicar este decreto y todo se hizo en forma muy abrupta. Recordemos que este decreto iba a entrar en vigencia en diciembre de 2005, pero después de reuniones entre autoridades del Ministerio de Salud Pública y algunos de los sectores involucrados se decidió atrasar todo hasta el 1º de marzo para dar mayor tiempo, no perjudicar la temporada estival y preparar mejor el terreno.
Lo otro que le preocupa a Cambadu son las multas, tanto por el monto, como porque para ellos no se cobra a quien se tendría que cobrar. “Le pedimos que la sanción fuera también ejemplarizante para el que produce el daño, que es el fumador (...) O sea, nos vuelven a sancionar a nosotros, al comercio instalado legalmente con multas exorbitantes”, explicó Fernández.
Respecto al tema, Jorge Basso, director nacional de Salud, indicó que la idea de no sancionar a la persona y sí a los comercios se basa en los antecedentes positivos que hay en otros países. Además, Basso explicó por qué se colocó una multa de 100 unidades reajustables (UR) para quienes incumplan la medida.
“Es una multa que tampoco es ajena a otras normativas existentes. Por ejemplo los comercios que vendan bebidas alcohólicas a menores tienen una multa similar. Tampoco es una multa distinta a otras (que se aplican) en otros ámbitos del Estado referentes al incumplimiento de normas”, indicó Basso.
Cien UR (27.000 pesos) es la multa para la primera vez, pero son 200 UR para la segunda e incluso puede llegarse a la clausura en el caso de que la situación se dé en una tercera ocasión.
Fernández indicó que los negocios grandes son los únicos que van a ser inspeccionados y entonces se van a ver perjudicados, porque los fumadores van a ir a otros lugares en donde no haya inspecciones. Eso puede darse si el sistema inspectivo es malo y habilite que algunos comercios se arriesguen a permitir fumar, porque saben que es muy difícil que vaya alguien a controlar.
Respecto a cómo se controlará, el Ministerio ya contrató 50 inspectores que van a comenzar a trabajar exclusivamente en este tema el 1º de marzo. Pero, además, lo que se busca es una interacción con otros organismos públicos que tienen sistemas inspecitvos para realizar una tarea conjunta, según explicó el director nacional de Salud.
Las inspecciones generan algunas dudas en varios de los actores involucrados. Por ejemplo, en los propietarios de boliches y discotecas, que temen que entre tanta gente no sea fácil darse cuenta de que hay alguien fumando, y en ese momento llegue un inspector y se produzca la multa. Algo similar a lo que decía Fernández.
Según indicó Domínguez, este jueves hubo una reunión de los comerciantes de la Ciudad Vieja con autoridades del ministerio y, se tocó el tema: “Ellos nos dijeron algo que nos dejó más tranquilos. Las inspecciones se van a desarrollar tipo inspecciones de incógnito, para ver cómo se desarrolla el lugar (...) Más allá de que haya alguna persona fumando. Si todo se cumple, no pasa nada. Si no, al otro día te caerá una inspección del MSP que aplicará las multas correspondientes”.
“Todas las situaciones pueden merecer algún tipo de particularidad. La norma tiene que ver las singularidades, como sucede en otras áreas”, indicó Basso.
Otra preocupación que tienen Domínguez y Valdez es qué hacer cuando una persona no acepta la prohibición pese a que se le dice que no fume. Basso se refirió a esto y dijo que la actitud que tiene que tomar la empresa es la misma que se toma con las personas que no cumplen con otras normativas existentes.
El jueves 9, El Observador publicó una nota relativa a los problemas para sancionar en la Universidad de la República. La casa mayor de estudios tiene autonomía con respecto al Poder Ejecutivo y, entonces, este no podría aplicar las sanciones. Hay que ver qué camino toma cada establecimiento educativo, aunque Basso dijo que confía en la buena voluntad de las autoridades de la enseñanza para llegar a la unificación de criterios.
Un asunto que para el MSP es fundamental y que va más allá de las inspecciones y pasa por el control que pueda hacer la gente. En el ómnibus o en el cine a nadie se le ocurre fumar, porque el que lo hace inmediatamente recibe la observación y la reprobación de las otras personas. Ahí está la clave. Es evidente que no se va a poder inspeccionar en cada rincón del país, por lo que el tema pasa por el control que haga cada persona.
En este sentido, Fernández comparte ese concepto pero dice que para que este se concrete debería haber una campaña de concientización que para él no se ha dado. “No va a ser fácil, porque no hay educación. La gente en Uruguay es dura”, indicó.
El MSP ha realizado una campaña de concientización, con varios carteles en la vía pública relativos al tema del tabaco. Los diseños son varios, pero tal vez el más recordado es el del spray con forma de cigarro que dice “humanizida”. Esa campaña fue reconocida por la OMS que solicitó autorización para incorporarla y utilizarla en otras partes del planeta.
Respecto a este tema Basso explicó qué es lo que se viene para el futuro: “Se va a sumar otra cartelería más de señalamiento que identifica los espacios cerrados para que la gente que ingrese sepa que no puede fumar allí. Eso se está diseñando, suponemos que la próxima semana se va a comenzar a distribuir”.
Básicamente esa cartelería va a ser la estrategia de los diferentes establecimientos comerciales para hacer cumplir el decreto, según dijo Valdez. “En todas las entradas del shopping vamos a poner unos grandes ceniceros y cartelería solicitando que no se entre al shopping fumando y que se tire el cigarrillo. Los guardias van a estar instruidos de acercarse a los fumadores y entregarles una cartilla con la información”, indicó.
La política será parecida en todos lados. Julio Durlacher, gerente comercial del Punta Carretas, explicó que allí se aplicará un mecanismo muy similar.
En cuanto a las oficinas, en las públicas ya hay un decreto vigente que impide fumar. La Intendencia Municipal de Montevideo (IMM) ya tiene restricciones importantes pero a partir del primero de marzo aplicará otra estrategia más severa.
Gustavo Reich, asesor letrado del Departamento de Recursos Humanos de la IMM, indicó, en primera instancia, cómo es la situación actual dentro del edificio municipal. “El público no puede fumar dentro de los locales de la Intendencia. Y los funcionarios pueden ir a fumar hasta dos veces por día, no más de diez minutos cada vez. Los espacios están ventilados y fuera de la vista del público”, señaló.
Los funcionarios tienen tres horas por mes dentro de su horario de trabajo para salir del edificio de la Intendencia. Los funcionarios pueden gastar ese tiempo en ir a fumar. En el caso de las oficinas públicas, la sanción va a recaer en el jefe más directo de la persona que incumpla la norma. En los lugares de trabajo privados, la sanción recae sobre la empresa.
En cuanto al control que podamos hacer nosotros, más allá de las inspecciones que realice el Estado, se van a recibir denuncias a través de una casilla electrónica que es
y más adelante se habilitar un teléfono para esos fines.
En abril comenzará a regir la obligación para que las cajillas de cigarrillos tengan pictogramas enfocados al daño que produce fumar. Ya los paquetes deben tener el 50% de su superficie con el mensaje de advertencia, a los que se agregará las imágenes que ya se utilizan en Brasil. Algunas marcas ya tienen todo listo para comenzar antes con los pictogramas. Otras marcas están más atrasadas pero ya se les intimó para en abril presentaran sus paquetes en condiciones (El Espectador, lunes 13 de febrero).