Explicó que esta ley pretende modernizar las normas de tránsito, introducir medidas de prevención y establecer controles y sanciones a los infractores. Aparentemente, los temas que generaron polémica y desacuerdos fueron básicamente la obligatoriedad del uso del cinturón y del casco y el control de alcoholemia.

El doctor Carlos Moreira produjo el informe en minoría y coincidió con Michelini en la importancia del tema y la urgencia de buscar soluciones. Pero señaló su discrepancia con ciertas disposiciones que, según su parecer, son más materia de reglamentos que de leyes, al tiempo que ­en sintonía con la trayectoria autonomista del Partido Nacional--manifestó que las disposiciones invadían la autonomía departamental.

Una cosa es reglamentar la circulación en rutas nacionales y otra es hacerlo en calles de ciudades del interior, en pueblos o en caminos municipales. Y finalmente, expresó su desacuerdo con sanciones que no vaciló en catalogar de draconianas.

Su correligionario Campanela hizo suyas las palabras del senador preopinante y abogó contra el uso obligatorio del casco para los motociclistas. Según su opinión, el uso del casco ocasiona más accidentes pues dificulta la visión y la audición.

A continuación fue el turno de doña Mónica Xavier, quien con su dulce voz explicó que se trata de una ley de orden y de interés público. ´´Debemos proteger la vida de nuestra gente, y sobre todo la de los jóvenes´´, afirmó con convicción, y expresó que son el principal objetivo a defender. Hizo hincapié en los efectos devastadores del alcohol, que afecta los reflejos al tiempo que actúa como estimulante o desinhibidor haciendo que el conductor se crea el as del volante. Concluyó expresando que debería haber tolerancia cero en ese rubro, y justificó la severidad de las sanciones.

El aliancista progresista Eduardo Ríos destacó la importancia de la ley y señaló que ella respondía, también, a una fuerte iniciativa de la sociedad civil.

El doctor Alberto Cid argumentó a favor de la ley y rebatió los argumentos esgrimidos por los blancos en lo que tiene que ver con la autonomía municipal. Para el alto dirigente de Asamblea Uruguay, el tema exige un compromiso de todo el país y de todas las intendencias del país. Justificó el rigor punitivo de la ley en discusión diciendo que la educación es un proceso lento y que mientras tanto es preciso adoptar medidas urgentes. Señaló su preocupación por la negligencia en los controles, condenando el comportamiento de los inspectores de tránsito ­entre los que incluyó a los de Montevideo--, sólo preocupados por fiscalizar el pago de la patente.

Abogó por el uso del casco para los motociclistas explicando cómo evitan lesiones graves y la muerte en caso de accidente. Condenó con la misma energía la falta de controles que permite que un conductor de transporte de pasajeros cumpla horarios demasiado extensos poniendo en riesgo la vida de los pasajeros y la suya propia; asimismo, exigió controles más rigurosos para el buen estado de los vehículos.

Antía, ex intendente de Maldonado, se vio en la obligación de responder. ´´Quiero aclarar que el Partido Nacional está a favor de solucionar el problema, que está de acuerdo en establecer normas y controles para evitar las muertes por accidente... Digo esto porque estamos quedando como los malos de la película´´, en referencia a la flexibilidad reclamada y a la polémica a propósito del uso del casco. Terminó expresando su preocupación por el hecho que la ley no prevé rubros para la educación vial y sólo se ocupa de penalizar conductas.

En fin, después del desglose de algunos artículos, el proyecto resultó aprobado por dieciocho en veintidós. *