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El Ministerio de Sanidad y Consumo estudia la viabilidad de regular
algunas terapias alternativas e incluirlas en la cartera del Sistema
Nacional de Salud si se prueba su efectividad y eficacia, una tarea que
reconoce que actualmente está sin abordar y que "resultará compleja,
debido a la gran cantidad de factores a tener en cuenta".
En una respuesta parlamentaria al diputado socialista Joan Oms,
recogida por Europa Press, reconoce que es una asignatura pendiente en
nuestro país, cuando hay otros de nuestro entorno donde estas terapias
ya se encuentran regularizadas. "En el caso de algunas de estas
terapias se producen situaciones paradójicas, como la de que los
profesionales que las practican en ciertos estados miembros de la UE lo
hacen fuera de la legalidad, mientras que se consideran prácticas
legales en otros", como es el caso de España, reconoce.
Esto es así porque, aunque el Parlamento Europeo realizó un
informe sobre medicina alternativa y complementaria y trató de implicar
a la Comisión Europea en el objetivo de conseguir una regulación
comunitaria de estas terapias, finalmente las "marcadas diferencias"
entre los estados miembros en cuanto a la regulación del sector
hicieron inviable este acuerdo, a pesar de que la OMS recomendó en 2004
el uso adecuado de las medicinas tradicionales que hubieran demostrado
su utilidad y supusieran riesgo mínimo.
En el caso de España no se ha abordado esta regulación al
considerarse que se trata de una tarea "compleja" en la que tendrían
que abordarse la regulación tanto de los profesionales, como los
centros y las propias terapias, muy diversas, en lo que tendrían que
combinarse el Ministerio de Sanidad y Consumo con el de Educación y
Ciencia, además de los conflictos de intereses que previsiblemente
surgirían entre los profesionales sanitarios y los no cualificados que
desarrollan estas terapias.
Sin embargo, las autoridades sanitarias reconocen que la
regularización de estas terapias aportaría ventajas: "contribuiría a
mejorar la seguridad de los usuarios al establecer criterios de control
sobre las prácticas, los profesionales que las desarrollan y los
productos que se utilizan; proporcionaría una información accesible a
los usuarios sobre la eficacia y posibles reacciones adversas de las
terapias, y posibilitaría la valoración de la inclusión de terapias de
eficacia demostrada en el sistema sanitario público".
UNA PARTE "CONSIDERABLE" DE LOS ESPAÑOLES LAS USA
Por ello, y ante la evidencia de que "una parte considerable" de
los españoles ha utilizado en algunas ocasión este tipo de terapias, la
anterior ministra de Sanidad, Elena Salgado, solicitó la actualización
de un estudio realizado en 2000 por la Agencia de Evaluación de
Tecnologías Sanitarias del Instituto de Salud Carlos III, en el que se
estimó que "persistían grandes incertidumbres sobre la utilidad clínica
de la mayoría de estas técnicas", según recuerda Sanidad.
Recientemente se ha solicitado que se actualice el estudio "a la
luz de los conocimientos actuales con el fin de comprobar si algunas de
las técnicas dispusieran de la suficiente evidencia de eficacia y
efectividad como para considerar su inclusión en la cartera de
servicios del Sistema Nacional de Salud". Con ello, pretende comprobar
si algunas de las técnicas disponen de la suficiente evidencia de
eficacia y efectividad como para considerar su inclusión en la cartera
de servicios del Sistema Nacional de Salud.
Para evitar los posibles conflictos con los profesionales
sanitarios, el departamento de Sanidad y consumo ha iniciado
"aproximaciones" con representantes de los sectores implicados al
objeto de analizar su naturaleza, peculiaridades y repercusión sobre el
ámbito de la salud y determinar cuáles son las medidas de carácter
normativo que se deberán acometer para regular el sector. Actualmente, la normativa aplicable a las terapias naturales y no
convencionales está recogida en la Ley General de Sanidad, la Ley de
Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud, la Ley de ordenación
de las profesiones sanitaria y la Ley de Garantías y uso racional de
los medicamentos y productos sanitarios.
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