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Estamos pasando de una salud politizada, a un negocio que está enriqueciendo a unos pocos, que volvieron la salud una mercancía.
La salud de los colombianos se la está
llevando el diablo; las imágenes de TV, en las que se observa el cierre
de la Clínica San Pedro Claver producen intenso dolor. El gobierno la
sacará a oferta pública en noviembre de 2007; ya entró en proceso de
liquidación, sin respetar a los más de 4.300 trabajadores que tienen en
Bogotá y que pertenecen a la ESE Luis Carlos Galán, así como a los más
de 800 mil afiliados al Seguro Social en Bogotá. Decisión inhumana e
irresponsable.
Un estudio de la Universidad de Antioquia indica
que cuando se siente enferma, más de la mitad de la población de Bogotá
y Medellín, acude a los servicios de urgencias. A su vez la Asociación
Colombiana de Clínicas y Hospitales, dice en un informe que de cada 100
consultas que se hacen en Colombia, 65 se atienden en los servicios de
urgencias. Aquí se incluyen los «guayabos» y los «atrasos».
Por
lógica, esta penosa situación tiene al borde del patatús a los
servicios de urgencias de nuestro país. A esto le adicionamos que la
gente no es atendida de manera oportuna y correcta en la consulta
externa de las EPS y ARS, pues a muchos médicos generales con salarios
de «hambre», los obligan a atender un número determinado de pacientes
por hora, así como a «recetar» determinadas drogas; si no lo hacen
corren el riesgo de ser despedidos, pues a los dueños de las EPS y ARS
no les interesa perder dinero, sino hacen su «negocio» con la salud.
(Un estudio reciente indicó que los dueños de estas entidades no son
todos médicos, sino políticos, abogados, economistas y administradores
de empresas). Este problema de congestión en los servicios de
urgencias, es sola la punta del iceberg de los múltiples problemas que
ha tenido la ley 100 en su desarrollo. Desgraciadamente no hay voluntad
política en el Ejecutivo, así como en el
Legislativo para mejorarla. En
la última reforma no faltaron los del «lobby» que ofrecían viajes y
paseos a los parlamentarios.
Un testimonio o atestación de todo lo
anterior, lo vemos actualmente en la judicialización de la salud. Un
tercio de todas las tutelas interpuestas en los últimos cinco años en
toda la nación, fueron relacionadas con la negación de servicios
vitales en la salud. Todas las EPS y la mayoría de las ARS han sido
tuteladas. Entre las acciones más comunes de los tutelantes se
destacan: obligar a las EPS y ARS a la ejecución de pruebas hormonales
de laboratorio, tomografías computarizadas, campimetrías, angiografías,
cirugías comunes y tratamientos especializados y costosos para algunas
enfermedades como las neoplasias, insuficiencia renal y sida.
Mientras
tanto, nuestro gobierno representado por el Ministro de Protección
Social, se ufana de que se ha ampliado el «aseguramiento» a 16,3
millones de personas en las EPS y a 20 millones en las ARS. Mentira
piadosa y política, pues los hechos contradicen ese retrato rosa y
estúpido de la realidad de la salud de la gran mayoría de colombianos.
Nos siguen metiendo el dedo en la boca y todos tan campantes.
Una
verdad de a puño es que 13 años después de haber sido expedida la ley
100, los indicadores de una buena salud pública para los colombianos
están en declive franco. Me pregunto: ¿Cuántos hospitales y clínicas
para los estratos 1-2-3-4 han sido cerrados en Colombia en los últimos
cinco años? Y lo que es peor, la medicina preventiva es pésima, pues
los índices de vacunación son bajos, aumentando de paso los índices de
algunas enfermedades infecciosas, así como el número de embarazos no
deseados en adolescentes. Todo lo anterior, más los «paseos de la
muerte», son una prueba fehaciente de la necesidad de hacer un ajuste
serio a esta ley. Pero... otra vez los que hacen «lobby», para que todo
siga igual. El «negocio» es muy rentable para ellos.
Con el mayor
respeto por mis lectores, me atrevo a sugerir algunos aspectos
puntuales que ayudarían a mejorar algunos problemas de la ley 100;
podrían ser: ampliar el POS, obligando de paso a las EPS y ARS a que
den las citas para medicina general de manera inmediata, o a más tardar
a las 24 horas de solicitadas, respetando eso sí al médico general en
su salario y tiempo para atender sus pacientes. Importante la medicina
preventiva; la obligación de la que hablo incluye campañas de
prevención y promoción masivas. ¡Por favor! Dignifiquemos la medicina y
la profesión de médico. Estamos pasando de una salud politizada, a un
negocio que está enriqueciendo a unos pocos, que volvieron la salud una
mercancía. Además, la fuerza pública con sus atropellos, no puede ir de
la mano con la atención a los enfermos. Es lógico que necesitamos
energía y autoridad para manejar las instituciones públicas de salud,
contaminadas de politiquería, desidia, corrupción y clientelismo; pero
no se debe meter la Policía a las clínicas para cambiarlas de dueño;
las enfermeras y la gran mayoría de médicos no son bandidos ni
narcotraficantes. Además, están corriendo el riesgo de quedar sin
empleo, en un país donde trabajar es un privilegio y no un derecho.
Parece
que la salud se va a volver un servicio sólo para los que pueden
pagarlo, pensando siempre en que esta es un «negocio». Simplemente
miremos el pasado reciente con sus errores funestos; uno de ellos, el
gran atractivo que tiene la salud para nuestros clientelistas.
Por
último, los que no hemos tenido esa actitud de desidia con la salud,
hemos pagado un precio muy alto... de todas maneras logramos sobrevivir
y disfrutamos educar a lo bien a nuestros hijos; es claro que la
batalla por mejorar la salud de los colombianos la estamos perdiendo.
La fatuidad del Ministerio de Protección Social, ofende.
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