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El personal médico y de enfermería no debe participar en ejecuciones ordenadas por el Estado mediante inyecciones letales porque van en contra de su juramento ético, según afirma en un informa Amnistía Internacional (AI).
El documento, 'Ejecución por inyección letal: un cuarto de siglo de
muertes por envenenamiento a manos del Estado', examina las
repercusiones jurídicas y éticas que entraña la utilización de la
inyección letal en distintas partes del mundo.
Según declara Jim Welsh, coordinador de Salud y Derechos Humanos de
AI, "los profesionales de la salud reciben formación para trabajar en favor del bienestar del paciente,
y no para participar en ejecuciones ordenadas por el Estado". Este
experto considera que "los gobiernos ponen a los profesionales de la
medicina y la enfermería en una situación imposible al pedirles que
hagan algo que contraviene su juramento ético".
"En el seno de la profesión médica hay un consenso global sobre el
hecho de que la participación de profesionales de la salud en
ejecuciones, especialmente cuando se utiliza un método que aplica las
tecnologías y los conocimientos de la medicina, es una violación de la
ética médica. Sin embargo, hay profesionales que participan en tales
ejecuciones", indican desde Amnistía.
Welsh reconoce que "recientemente, los organismos profesionales se
han pronunciado enérgicamente sobre este abuso contra la ética, pero los gobiernos tratan de ocultar la identidad del personal médico que participa en las ejecuciones a fin de protegerlo del escrutinio de sus colegas profesionales".
Crueldad y dolor innecesario
Desde 1982, más de 1.000 personas han sido ejecutadas con la
inyección letal en distintas partes del mundo: tres en Guatemala,
cuatro en Tailandia, siete en Filipinas, más de 900 en Estados Unidos y
"cientos, tal vez miles en China", donde las ejecuciones son un secreto
de Estado, según recuerda AI.
En los casos de ejecución por inyección letal se suele inyectar una dosis masiva de tres sustancias químicas:
tiopental sódico, que provoca una rápida pérdida del conocimiento;
bromuro de pancuronio, que causa parálisis muscular; y cloruro de
potasio, que produce un paro cardiaco.
La profesión médica ha expresado su preocupación por el hecho de
que, de aplicarse una cantidad insuficiente de tiopental sódico, el
efecto anestésico puede pasar antes de que se paralice el corazón del
condenado, lo cual le expondría a sufrir un dolor insoportable.
Es por este motivo por el que la profesión veterinaria no utiliza
dichas sustancias para la eutanasia en animales. En Texas, el estado
que utiliza más frecuentemente la inyección letal en Estados Unidos,
las mismas sustancias cuyo uso está prohibido en perros y gatos debido
al sufrimiento que les podrían causar se están usando para ejecutar
seres humanos, denuncia la ONG.
Petición para abolir la pena capital
Amnistía Internacional insta a los líderes mundiales a abolir la
pena de muerte y a que aprovechen la oportunidad que les brinda el
actual periodo de sesiones de la Asamblea General de la ONU para
debatir la posible suspensión de las ejecuciones.
"El uso de la inyección letal no resuelve los problemas inherentes a
la pena de muerte: su crueldad, su carácter irreversible, el riesgo de
que se ejecute a una persona inocente, su aplicación discriminatoria y
arbitraria, y su inutilidad para el control efectivo de la delincuencia"
son factores en contra de esta medida, apunta Welsh, quien añade que
"la manera más simple de resolver los dilemas éticos que plantea el uso
de personal médico y de enfermería para matar es proceder a abolir la
pena capital".
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