El personal médico y de enfermería no debe participar en ejecuciones ordenadas por el Estado mediante inyecciones letales porque van en contra de su juramento ético, según afirma en un informa Amnistía Internacional (AI).

El documento, 'Ejecución por inyección letal: un cuarto de siglo de muertes por envenenamiento a manos del Estado', examina las repercusiones jurídicas y éticas que entraña la utilización de la inyección letal en distintas partes del mundo.

Según declara Jim Welsh, coordinador de Salud y Derechos Humanos de AI, "los profesionales de la salud reciben formación para trabajar en favor del bienestar del paciente, y no para participar en ejecuciones ordenadas por el Estado". Este experto considera que "los gobiernos ponen a los profesionales de la medicina y la enfermería en una situación imposible al pedirles que hagan algo que contraviene su juramento ético".

"En el seno de la profesión médica hay un consenso global sobre el hecho de que la participación de profesionales de la salud en ejecuciones, especialmente cuando se utiliza un método que aplica las tecnologías y los conocimientos de la medicina, es una violación de la ética médica. Sin embargo, hay profesionales que participan en tales ejecuciones", indican desde Amnistía.

Welsh reconoce que "recientemente, los organismos profesionales se han pronunciado enérgicamente sobre este abuso contra la ética, pero los gobiernos tratan de ocultar la identidad del personal médico que participa en las ejecuciones a fin de protegerlo del escrutinio de sus colegas profesionales".

Crueldad y dolor innecesario

Desde 1982, más de 1.000 personas han sido ejecutadas con la inyección letal en distintas partes del mundo: tres en Guatemala, cuatro en Tailandia, siete en Filipinas, más de 900 en Estados Unidos y "cientos, tal vez miles en China", donde las ejecuciones son un secreto de Estado, según recuerda AI.

En los casos de ejecución por inyección letal se suele inyectar una dosis masiva de tres sustancias químicas: tiopental sódico, que provoca una rápida pérdida del conocimiento; bromuro de pancuronio, que causa parálisis muscular; y cloruro de potasio, que produce un paro cardiaco.

La profesión médica ha expresado su preocupación por el hecho de que, de aplicarse una cantidad insuficiente de tiopental sódico, el efecto anestésico puede pasar antes de que se paralice el corazón del condenado, lo cual le expondría a sufrir un dolor insoportable.

Es por este motivo por el que la profesión veterinaria no utiliza dichas sustancias para la eutanasia en animales. En Texas, el estado que utiliza más frecuentemente la inyección letal en Estados Unidos, las mismas sustancias cuyo uso está prohibido en perros y gatos debido al sufrimiento que les podrían causar se están usando para ejecutar seres humanos, denuncia la ONG.

Petición para abolir la pena capital

Amnistía Internacional insta a los líderes mundiales a abolir la pena de muerte y a que aprovechen la oportunidad que les brinda el actual periodo de sesiones de la Asamblea General de la ONU para debatir la posible suspensión de las ejecuciones.

"El uso de la inyección letal no resuelve los problemas inherentes a la pena de muerte: su crueldad, su carácter irreversible, el riesgo de que se ejecute a una persona inocente, su aplicación discriminatoria y arbitraria, y su inutilidad para el control efectivo de la delincuencia" son factores en contra de esta medida, apunta Welsh, quien añade que "la manera más simple de resolver los dilemas éticos que plantea el uso de personal médico y de enfermería para matar es proceder a abolir la pena capital".

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