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Durante más de dos decenios, la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) ha desalentado a las naciones que pretenden desarrollar programas de reducción de daños y otros proyectos en materia de prevención del VIH/sida.
Críticos de la sociedad civil alegaron que la
posición de la JIFE se basa sobre preconceptos
respecto de la drogadicción, según los cuales se
trata de un fenómeno puramente penal, sin tomar
en cuenta los factores de salud y de derechos humanos.
La reducción de daños es un enfoque médico
verificado científicamente por el cual los
adictos deben ser tratados donde ellos están, sin
concentrarse en la receta de la abstinencia. El
objetivo es reducir el impacto negativo del
vicio, tanto para el individuo como para la comunidad.
Los programas de canje de jeringas usadas por
nuevas, por ejemplo, comenzaron en América del
Norte y Europa para frenar la propagación de
enfermedades infecciosas, reduciendo la práctica
de compartir las agujas, común entre drogadictos.
Los activistas de la sociedad civil acuñaron
la consigna "Los muertos no se desintoxican".
La JIFE, según su propio sitio web, "es el
organismo independiente y cuasi judicial de
control para la implementación de las
convenciones internacionales de control de drogas
de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Fue establecida en 1968 de acuerdo con la
Convención Única sobre Estupefacientes, de 1961.
Tuvo predecesores bajo los tratados anteriores de
control de drogas, de la época de la Liga de las Naciones".
La posición de la JIFE respecto de la
reducción de daños parece contradecir la posición
de agencias de la ONU como el Programa Conjunto
de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA
(Onusida), la Organización Mundial de la Salud
(OMS) e incluso ciertas convenciones sobre
derechos humanos, según críticos de la sociedad civil.
En 2002, la JIFE pidió a la sección de
Asuntos Legales del Programa Internacional de
Control de Drogas de la ONU que evaluara si las
políticas de reducción de daños estaban o no de
acuerdo con las convenciones internacionales sobre estupefacientes.
La revisión terminó dándole la razón a esas
políticas, por su aporte a la solución de
problemas sanitarios y sociales. El
establecimiento de centros de consumo seguro de
drogas intravenosas se consolidó como una
intervención viable en materia de salud.
"Sería difícil afirmar que la intención de
los estados que establecen salas de inyección de
drogas sea, en realidad incitar o inducir al uso
ilícito de drogas o, aún más, asociarse con,
asistir, instigar o facilitar la posesión de drogas", indica la revisión..
"Por el contrario, parece claro que en esos
casos la intervención de los gobiernos es brindar
condiciones más saludables a quienes abusan de
las drogas, reduciendo por lo tanto su riesgo de
infectarse con graves enfermedades transmisibles
y, por lo menos en algunos casos, llegar a ellos
con orientación psicológica y otras opciones terapéuticas", agrega.
"Aunque esto pueda parecer insuficiente desde
un punto de vista de reducción de la demanda,
todavía estará lejos de ser un delito, como prevé
la Convención de 1988", concluyeron.
En marzo de 2007, la JIFE formuló
declaraciones públicas --ampliamente cubiertas
por los medios canadienses-- contra InSite, único
centro de consumo seguro de drogas intravenosas,
en el barrio de Downtown Eastside de la
sudoccidental ciudad canadiense de Vancouver.
Este centro fue establecido luego que el
recrudecimiento del sida (síndrome de
inmunodeficiencia adquirida) y de las muertes por
sobredosis condujeron a una asesoría de Health
Canada (ministerio de salud) en 1997.
El lugar, operado en conjunto por la
Autoridad Costera de Salud de Vancouver (un
órgano del Ministerio de Salud) y la organización
civil Portland Hotel Society, abrió sus puertas
en 2002 y recibió del gobierno federal un permiso de tres años para funcionar.
A comienzos de este mes, las autoridades le
concedieron otra extensión de seis meses, pero no
está claro qué ocurrirá con InSite cuando eso expire, el próximo 30 de junio.
En InSite, las enfermeras proporcionan
jeringas limpias y están alerta ante la
posibilidad de sobredosis. Los usuarios traen sus
propias drogas y pueden obtener pase a servicios
de desintoxicación y rehabilitación si así lo solicitan.
A InSite asisten unos 800 usuarios por día.
Según estudios académicos avalados por 20
científicos, el proyecto redujo el uso de drogas
en público, la práctica de compartir agujas, el
VIH/sida y las jeringas arrojadas en la vía pública.
Las muertes por sobredosis también
disminuyeron en los cuatro años y medio que lleva operativo.
La ceremonia inaugural de los Juegos
Olímpicos 2010 se celebrará a 10 minutos a pie de
InSite, por lo que su actividad volvió al centro de atención política.
En marzo, Zhu Li-Qin, jefe de Evaluación de
la Convención Única sobre Estupefacientes de la
JIFE, criticó al gobierno canadiense por "alentar
el tráfico ilícito" al permitir que esa institución opere legalmente.
La JIFE ha estado fuertemente vinculada a la
política conservadora de Estados Unidos en
materia de narcóticos, que no reconoce la
viabilidad de los programas de reducción de daños
más allá de la distribución de jeringas limpias.
La intervención de la JIFE en el debate sobre
las políticas de varias naciones agudizó las
críticas de algunas organizaciones de de la sociedad civil.
La Red Legal Canadiense de VIH/Sida y el
Programa de Salud Pública del Instituto Sociedad
Abierta advirtieron en febrero que "el sistema de
las Naciones Unidas en su totalidad está
comprometido con reducir el VIH entre las
personas que se inyectan drogas, para
salvaguardar sus derechos humanos y para aumentar
la responsabilidad y la participación de la sociedad civil".
"En este contexto, la JIFE es una anomalía:
un organismo cerrado, responsable ante nadie, que
se concentra en el control de drogas a expensas
de la salud pública y que urge a los gobiernos a
hacer lo mismo", indicaron esas organizaciones,
en UN informe titulado "Closed to Reason: The
International Narcotics Control Board and
HIV/AIDS" ("Cerrado a la razón: La JIFE y el VIH/sida"),
El estudio también establece que la JIFE
intentó silenciar a Stephen Lewis, enviado
especial del secretario general de la ONU para el
VIH/sida en África, luego que se refirió
favorablemente a InSite en la Conferencia
Internacional sobre la Reducción de Daños Relacionados con las Drogas, en 2006.
Según el informe, al día siguiente Lewis
"recibió una indignada llamada telefónica de la
secretaría de la JIFE y la promesa de que
escribiría una carta al secretario general para
urgirle a que lo censurara por apoyar las 'guaridas del opio'".
La entonces directora ejecutiva de la Red
Legal Canadiense de VIH/Sida, Joanne Csete,
señaló, también en febrero, que "casi una de cada
tres infecciones con VIH fuera de África son
entre personas que se inyectan drogas. La JIFE
podría y debería jugar un rol clave para detener
esta epidemia guiada por las inyecciones, pero no lo está haciendo".
Las reuniones de la JIFE también son cerradas
al público y no hay actas disponibles. Los
críticos alegan que ninguno de sus miembros tiene
experiencia en salud, derecho internacional o derechos humanos.
"La preocupación en torno a la JIFE es que no
está haciendo lo que debería. Es obstruccionista
ante los gobiernos que intenten implementar
políticas que, como ha quedado demostrado,
funcionan y reducen los daños", dijo a IPS el
actual director ejecutivo de la Red Legal, Richard Elliot.
"La JIFE no es equitativa y se concentra en
el control de drogas, negándose a seguir enfoques
basados sobre la evidencia. Es parte del
problema, más que de la solución. Elige
prescribir políticas fallidas en vez de
considerar seriamente los enfoques de salud y
derechos humanos que demostraron ser médicamente efectivos", agregó.
IPS realizó varios llamados a la JIFE, que no fueron devueltos.
Existen hoy centros de consumo seguro de
drogas intravenosas en Alemania, Australia,
Canadá, España, Holanda, Luxemburgo, Noruega y
Suiza. Gran Bretaña y Portugal los están considerando seriamente.
* Am Johal apoya a Amigos de la Campaña de Insite
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