El departamento de Salud avanzará del segundo al primer trimestre del embarazo las pruebas de diagnóstico prenatal, que permiten la detección de anomalías congénitas del feto, con el fin de detectarlas cuanto antes y evitar así los abortos por este supuesto más allá de las 22 semanas de gestación.

Así lo ha anunciado hoy la consellera de Salud Marina Geli, quien ha avanzado también la voluntad del gobierno catalán de que los abortos por malformaciones graves del feto superiores a las 22 semanas, que hasta ahora sólo se llevan a cabo en centros privados, se realicen en la red pública. Según ha explicado Geli, cada año se detectan en Catalunya unos sesenta casos de malformaciones del feto más allá de las 22 semanas de gestación que acaban en un aborto en la sanidad privada, pese a haber sido diagnosticadas en un centro público.

Ello se debe a que, según la legislación vigente, los hospitales públicos sólo realizan interrupciones del embarazo en los casos en que la mujer haya sido violada y esté embarazada de menos de doce semanas o cuando el feto presente taras físicas o psíquicas y tenga menos de 22 semanas. El objetivo del departamento de Salud es realizar las pruebas de diagnóstico prenatal entre las ocho y las trece semanas de gestación para que la mujer pueda decidir antes de las 22 semanas si quiere poner fin al embarazo en el caso de malformaciones en el feto. "No necesitamos ningún cambio legislativo. Es una obligación y una responsabilidad mía y muy pronto presentaremos el protocolo de acompañamiento en el supuesto legal que tenemos ahora", ha señalado Geli.

La consellera, que se ha mostrado dispuesta a liderar el debate sobre la cada vez más necesaria reforma de la ley del aborto, recibirá en junio un informe del Comité Consultivo de Bioética de Cataluña (CCBC) sobre la situación legal, social, ética y sanitaria de esta práctica en España. En este documento, el CCBC propone que no se pueda alegar objeción de conciencia cuando la interrupción del embarazo sea necesaria para evitar a la mujer un peligro de muerte u otro prejuicio grave para la salud.

También insta al departamento de Salud a que realice un "reconocimiento expreso" de apoyo a los centros y profesionales que realizan abortos más allá del límite legal de las 22 semanas que marca la ley española.

En Catalunya se realizaron en el año 2006 cerca de 22.000 interrupciones voluntarias del embarazo, unas 3.000 más que el año anterior.

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