Al cumplir dos años de que la Corte Constitucional despenalizó parcialmente el aborto, el Ministerio Público le hizo un fuerte llamado de atención al sector salud por no cumplir con la sentencia.

Dos años después de que la Corte Constitucional despenalizó parcialmente el aborto en Colombia -fecha que se cumple el próximo sábado- los sistemas de salud y de justicia aún tienen importantes trabas que no han dejado cumplir a cabalidad la providencia del alto tribunal.

Así lo revela un informe de la Procuraduría General -que analizó el desarrollo de la sentencia-, en el que devela que el principal obstáculo es el desconocimiento de la sentencia y su reglamentación, tanto en la ciudadanía como en el sector salud, así como la desinformación.

Además, no hay mecanismos para medir la efectividad de la sentencia y, lo más preocupante para el ente de control, es que no hay la primera sanción de las autoridades de salud.

"El personal administrativo y de salud de las entidades prestadoras del servicio en Colombia no se encuentra capacitado para la atención de interrupción voluntaria del embarazo, lo cual se refleja en dilaciones injustificadas para la prestación del servicio, en la negación del mismo o en el suministro de información no veraz, todo debido al desco-nocimiento", señala el informe.

Además, el Ministerio Público le hace un fuerte llamado de atención a los centros médicos que se niegan a hacer la interrupción voluntaria del embarazo para tres circunstancias (cuando el feto tiene malformaciones inviables con la vida, la mujer corre peligro de morir y ante una violación sexual).

"Existen sistemáticas barre-ras administrativas impuestas por las entidades prestadoras del servicio de salud a las mujeres (...) las instituciones persisten en solicitar requisitos adicionales a los que expresamente señala la senten-cia, sin que hasta el momento se haya sancionado a las mismas", señala el informe.

Otro de los problemas que no solo tiene el Ministerio de la Protección Social, sino las entidades que han promovido la sentencia es que aún no hay cifras consolidadas sobre el número de interrupciones de embarazo que se han registrado desde la sentencia de la Corte.

A esta cartera, tanto las promotoras de salud como los departamentos, le reportaron 37 abortos durante todo el año pasado. Por su parte, la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres tiene una cifra de 40 desde el 2006.

Sobre este último dato, el 67 por ciento fue solicitado por violación, el 20 por ciento, por malformaciones del feto; y el 13 por ciento, riesgo en la salud de la mujer.

'Ya pasamos la transición'
Sobre el desarrollo de la sentencia, la abogada Mónica Roa, quien interpuso la demanda que llevó a la despenalización parcial del aborto en el país, señaló que ya es necesario de duplicar los esfuerzos en controles para hacer efectiva la sentencia.

"Se acabó el tiempo de transición. Ahora hay que tener control más efectivo sobre la aplicación de la sentencia", dijo Roa.

Para la abogada, las principales dificultades han estado en la interpretación de la objeción de conciencia. "Se ha visto el abuso por parte de individuos, por parte de instituciones y por parte de jueces. También, hay una disparidad de roles: los jueces actúan como médicos y los médicos como jueces".

Para esto, se acaba de firmar un convenio entre la organización Women's Link Worlwide (que promovió la demanda de despenalización) con la Procuraduría, con el fin de que los dos organismos actúen en los casos donde no se cumple a cabalidad la sentencia.

Por su parte, el Ministerio de la Protección Social afirma que, aunque sí hay dificultades, se ha avanzado considerablemente en la implementación de la ley.

Además, que el Ministerio ha hecho las reglamentaciones que obligaba la sentencia y ha incorporado en el POS métodos anticonceptivos modernos, con el fin de evitar el embarazo no deseado, así como fuertes campañas.

"El país ha venido madurando en el tema. En algunas instituciones el avance ha sido mayor, pero en otras se presenta todavía problemas, pese a la normativa del Ministerio y la sentencia de la Corte", señaló Lenis Uriquijo, asesor del Ministerio en asuntos de salud sexual y reproductiva.

Para él, aún hay barreras en la citación de juntas médicas que van retrasando la toma de la decisión y que hace que la gestación progrese, algo que pone más peligro a la mujer. Otros, afirmó Urquijo, ponen barreras administrativas y objeción de conciencia institucional, cuando es un derecho individual, de la persona y no de las instituciones.

El Ministerio aseguró que ha trabajado en la capacitación a los prestadores y directivos de EPS y ARS sobre la sentencia en todo el país. "Hemos ido resolviendo las inquietudes. No obstante, hay casos que se conoce completamente la normativa, pero no hacen el procedimiento", dijo.

Recordó que hay una sanciones para los centros médicos y funcionarios que no cumplan la sentencia a cabalidad.

'Sentencia no ha servido'
De otro lado, los que no es-tán de acuerdo con la sentencia han cuestionado su efectividad.

El médico Jorge Merchán, quien fundo la organización Médicos Azules (que reúne a los médicos que no están de acuerdo con el aborto), asegu-ra que la sentencia no ha servido.

"A la fecha no se han reali-zado más de 100 abortos legales en Colombia. Esto demuestra que la despenalización del aborto no lo pro-mueve y demuestra también que su penalización no lo controla", dijo Merchán.

Para el médico, "el aborto continúa siendo una práctica clandestina en Colombia, igual que lo era antes. La sentencia no logró su cometido".

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