A última hora del martes, el Parlamento británico rechazó rebajar el plazo límite legal para interrumpir el embarazo de las 24 semanas de gestación, establecido en 1990. Las sucesivas enmiendas presentadas al proyecto de Ley de Fertilización Humana y Embrionaria para recortar desde un máximo de 12 hasta un mínimo de 22 semanas encontraron la oposición de los diputados tras más de cinco horas de debate y otra adicional de votaciones.

La Cámara de los Comunes registró hasta cuatro consultas que coincidieron en la conclusión de descartar las propuestas, aunque con diferentes porcentajes de apoyo. Frente a la amplia mayoría que se negó a imponer un período de 12 semanas, la última tentativa, que apostaba por una reducción de tan sólo 14 días, registró un resultado de 304 frente a 233 en una votación en la que no imperó la disciplina de partido debido a la alta sensibilidad de la materia.

Los argumentos de los que apoyaban la reducción se basaban en los estudios sobre las posibilidades de supervivencia de fetos de 22 a 25 semanas, que sin embargo fueron criticados por algunos científicos que denunciaron la tergiversación de las conclusiones.

Además, un grupo de diputados fue más allá en sus demandas y reclamó equiparar el marco legal para el aborto en Reino Unido al de la mayoría de los países del entorno comunitario, como Francia, Alemania o la propia España, donde rigen las 12 semanas.

Por su parte, el Ejecutivo ha insistido reiteradamente a través de la ministra de Salud, Dawn Primarolo, en que no hay ninguna evidencia que lleve a cambiar las leyes para el aborto. "El límite se situó en 1990 en las 24 semanas porque las pruebas científicas de la época mostraron que la viabilidad de la supervivencia de los bebés aumentaba a partir de ese plazo en adelante", subrayó, tras lo que aseveró que "así era en 1990 y así es ciertamente ahora".

Con esta decisión se pone punto final a las cuestiones más controvertidas de una nueva normativa que modifica puntos no abordados en Reino Unido desde 1990, y después de importantes desencuentros verbales en los que parte de los promotores de las enmiendas más radicales llegaron a asegurar que "en la nueva Gran Bretaña el lugar más peligroso es el vientre materno".

La existencia de un padre en la reproducción asistida

Además de la votación sobre el aborto, los Comunes se pronunciaron sobre otro aspecto de la ley de fertilidad y embriología, referido a los protocolos de actuación de las clínicas de reproducción asistida.

Los diputados rechazaron, por 292 votos en contra y 217 a favor, una enmienda multipartita que pedía que las clínicas especializadas valoraran la existencia de un padre antes de ofrecer sus tratamientos.

Al descartarse esa enmienda, se mantuvo el texto gubernamental, que cambia el antiguo requisito de la figura paterna por otro más ambiguo de que exista "apoyo en la crianza", para no discriminar contra las madres solteras y las parejas de lesbianas.

Asimismo, la normativa contempla que los dos componentes de la pareja, y no sólo quien haya dado a luz al bebé, sean considerados padres legítimos. Esto afectaría tanto a las parejas de lesbianas que se someten a un tratamiento de fecundación in vitro como a las parejas de gays que recurren a una madre de alquiler.

La posición del Gobierno británico se refuerza ya que los planes de reforma que presentó en el Parlamento, en ámbitos tan polémicos como la investigación con embriones híbridos o los denominados 'hermanos salvadores', salen de la Cámara con la formulación propuesta.

Las decisiones se abrieron al voto libre y llevaron a que incluso tres ministros católicos del Gobierno se pronunciasen a favor, como aconteció con la consulta en torno a la investigación con embriones híbridos: "El vientre materno debería ser un lugar sagrado", subrayó el ex ministro conservador Edward Leigh, frente a la opinión de algunos de sus compañeros de filas, como la diputada Nadine Torries, que optaron por situar sus propuestas en las 22 semanas; una apuesta compartida por el propio líder 'tory', David Cameron.

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