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El Gobierno reabrió el debate: quiere
despenalizar la tenencia para consumo personal de drogas hasta ahora
prohibidas. Pese a que algunos sectores se oponen, incluso los más
conservadores advierten la necesidad de cambiar el modelo.
Todo comenzó a principios de marzo, cuando
el ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación,
Aníbal Fernández, anunció en una conferencia en el Consejo Económico y
Social de la ONU que el Gobierno tenía intenciones de avanzar en la
despenalización del consumo de drogas. La idea es reformar la
legislación vigente, dejar de perseguir penalmente a quienes consumen y
que sus casos sean tratados no por el sistema de seguridad, sino por el
de salud. “Debemos terminar con un sistema que atrapa al consumidor y
lo criminaliza sin darle tan siquiera el derecho a la salud”, dijo en
Viena el ministro.
Luego, como suele suceder en esas instancias diplomáticas en que se
dice mucho pero no se dice nada, bajó los decibeles y afirmó que antes
habría que avanzar en generar una red social de contención. Desde
entonces se viene hablando en el Congreso del día que finalmente llegue
el proyecto, pese a que el propio Fernández luego bajaría el tono a la
polémica diciendo que la discusión “llevaría dos años”.
Mientras tanto, la Justicia avanza. La Sala I de la Cámara Federal
declaró inconstitucional la penalización del consumo individual, porque
entra en disonancia con el artículo 19 de la Constitución Nacional, que
dice que los actos privados de los hombres no pueden ser juzgados sino
por Dios. Con esta decisión, quedarían fuera de la Justicia Federal de
la ciudad de Buenos Aires las causas de aquellos que son perseguidos
penalmente sólo por llevar en el bolsillo un cigarrillo de marihuana.
Claro que la medida debe ser ratificada por la Corte Suprema de
Justicia.
La droga en la Argentina. Según estadísticas recientes del Sedronar (a
través del Observatorio Argentino de Drogas), 440.000 argentinos
consumen cocaína y 1,2 millones de personas admitió haber consumido
marihuana en el último año. El 45,2% de los consultados afirma que
conseguir drogas ilegales es bastante accesible. El uso de pasta base y
del éxtasis es del 0,5 por ciento, lo cual equivaldría a 80.000
personas.
Lejos de decrecer, el fenómeno se sigue ampliando y Argentina está
yendo con su actual política a contramano del mundo. Mientras países
limítrofes como Brasil y Uruguay tienen políticas más blandas
tendientes a la denominada “Reducción de Daños” -esto es, si igual se
van a drogar, por lo menos que no mueran en el intento-, Argentina está
hoy alineada con la política de los Estados Unidos: tolerancia cero.
La ley vigente -la 23.737, dictada en 1989- establece una prohibición
para los consumidores o más precisamente para aquellos que portan
drogas. Es decir, no se penaliza el consumo pero sí la tenencia.
El problema es que esta actitud genera una distancia entre la ley
vigente y los programas de prevención y asistencia. Si se encuentra a
una persona con droga, en lugar de llevarlo a un hospital se lo debe
poner preso. Por eso, en estos debates muchas veces se confunden dos
términos: despenalización y legalización.
El primero implica simplemente que a aquel que tiene drogas no se le
iniciará una causa penal, ya que legalización significa que se podría
consumir en cualquier tiempo y lugar. La ley actual establece que si el
detenido concurre a un centro de recuperación, la causa queda
suspendida. Pero, en la práctica, termina sucediendo que los adictos no
concurren a los centros asistenciales y las causas prescriben sin más.
Para cambiar estas leyes -que han demostrado ser poco efectivas- se
nombró una comisión de notables, integrada por jueces, fiscales y
sociólogos como Alberto Calabrese -especialista en el abordaje
interdisciplinario del uso indebido de drogas-, el camarista Horacio
Catanni -presidente de la Sala II de la Cámara Federal y consultor de
la ONU en temas de drogas-, la fiscal Mónica Cuñarro, Eva Giberti
-coordinadora del Programa Víctimas contra las violencias-, y los
jueces Roberto Falcone, Patricia Llerena y Marcelo Madina, juez de la
Cámara de Apelaciones de Mar del Plata.
El debate en el Congreso
Hasta ahora, como suele suceder en estos casos, el Congreso lo mira por TV. Hay muchos proyectos, pero pocas cosas concretas.
Por lo pronto a fines de marzo asistió a la Comisión de Población y
Desarrollo Humano del Senado, José Granero, titular de la Secretaría de
Prevención y Lucha contra el Narcotráfico, para hablar sobre el tema
del Paco. Pero, obviamente, también fue consultado sobre el caso de la
despenalización. “La ley vigente no es un fracaso, tiene cosas muy
positivas que muchas veces no se aplican”, dijo el funcionario y agregó
que “no hay un solo artículo ni inciso en la ley que impida al Estado
luchar contra los narcotraficantes”. Con el correr de los días se
dejaría entrever que la Sedronar no está del todo de acuerdo con
despenalizar.
En esa reunión, Sonia Escudero -titular de la Comisión de Seguridad
Interior y Lucha contra el Narcotráfico- se mostró a favor del cambio
de enfoque y considerar al adicto como un enfermo. “La respuesta no
puede ser la criminalización del adicto, que en su mayoría son jóvenes
marginales, pues se genera como un círculo vicioso del cual no pueden
salir y pierden así toda posibilidad de inserción laboral y
desarrollo”, sostuvo.
Aunque aclaró: “La despenalización no puede venir sin una red de centros de atención de estas patologías”.
¿Cuáles son las posturas en el Congreso? Cada vez son más los que
proponen la despenalización. Incluso, los más críticos a las posturas
liberalizadoras ya aceptan que no se puede criminalizar a los adictos.
La diputada del FpV Diana Conti viene insistiendo hace años con un
proyecto al respecto que propone que no sea punible en caso de que “de
la escasa cantidad sembrada o cultivada y demás circunstancias, surja
inequívocamente que ella está destinada a obtener estupefacientes para
uso personal”. Propone, en cambio, un tratamiento de desintoxicación.
“La penalización de la tenencia de drogas para propio consumo no la ha
erradicado, ni siquiera disminuido. Los recursos humanos y
presupuestarios del sistema penal dedicados a esta materia no han
resultado eficaces ni útiles para disminuir el comercio y tráfico de
estupefacientes”, explica en los fundamentos de su proyecto.
Vilma Ibarra también presentó una iniciativa de características
similares. “Entendemos que reprimir penalmente al autor de esta
conducta resulta inútil para lograr la represión del tráfico ilícito y,
además, es una clara intromisión del Estado en la esfera de privacidad
individual custodiada por el artículo 19 de la Constitución Nacional”,
opinó.
Esta posición no es extraña, teniendo en cuenta que Conti e Ibarra
siempre tuvieron una militancia de centroizquierda con posiciones más
abiertas. Sin embargo, desde otro costado del arco ideológico se
observan posiciones similares. Ya se explicó la postura de Escudero,
por ejemplo. Otra que presentó un proyecto similar fue Paola Spátola,
especialista en seguridad, hoy independiente, pero que en su momento
supo ser la responsable del área en la campaña presidencial 2003 de
Carlos Menem. Ella también está a favor de la despenalización, aunque
con matices.
“Nuestro proyecto no implica una despenalización absoluta. Por el
contrario, en caso de tenencia de drogas para consumo personal el juez
deberá imponer una medida tendiente a la desintoxicación y
rehabilitación de quien posea o cultive drogas con dicho fin”, dijo
Spátola. Agregó que “creemos que el Estado debe centrar su atención en
el adicto y fortalecerlo en valores y principios que contribuyan a
prevenir comportamientos que afecten su salud, como así también
desarrollar campañas de prevención contra el consumo de estupefacientes
y a favor de la recuperación de adictos. Todo lo cual no se logra con
una pena privativa de la libertad”.
La ex diputada nacional Cristina Álvarez Rodríguez, junto a Lucía Garín
de Tula y María del Carmen Rico, también presentó un proyecto aunque
está encarado de una manera diferente. Antes de despenalizar, tipifica
más claramente cuáles son los delitos que sí se deben penalizar (quien
siembre, produzca o distribuya) y a quiénes no: los que consumen. A
éstos se les deberá asistir “directamente por órganos de Salud Pública
que evaluarán su situación personal y grado de adicción adquirida,
debiendo ser sometido a los tratamientos pertinentes si existiera
peligro de daño para sí o para terceras personas”.
Por último existen proyectos que plantean la legalización del consumo
en algunos casos. Uno es de Adriana Bortolozzi de Bogado, quien insiste
que hay que despenalizar la marihuana para fines terapéuticos. El otro
es de Diana Conti.
Piedra libre
El Ejecutivo lanzó la primera piedra y por ahora escondió la mano. En
el Congreso parecen estar dados los consensos para avanzar. Existen
todavía algunas voces críticas, pero son las menos. Entre los
especialistas prima un consenso: penalizar no fue efectivo, entonces
hay que orientar la política de lucha contra las adicciones como un
tema de salud y no como un asunto criminal. Lo importante es tener en
cuenta que despenalizar no es legalizar, sino -simplemente- no
criminalizar.
Fuente: Parlamentario
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