Un espaldarazo del Consejo de Estado recibió la comercialización de la llamada ‘píldora del día después’, cuestionada por muchos que la califican como “un producto abortivo”.

Este último es precisamente el caso de Carlos Humberto Gómez Arámbula, quien con la determinación del Alto Tribunal vio naufragar sus aspiraciones de frenar la compra y venta de ese producto en Colombia.

Según Gómez Arámbula, esta píldora,  era una forma de interrumpir la vida humana por lo cual, consideraba, la resolución del Invima que autorizó su registro sanitario y el consecuente permiso para importarla y venderla en el país por diez años debía ser anulado.

Un criterio distinto tuvo en el estudio de la demanda el magistrado Rafael Ostau De Lafont, miembro de la Sección Primera del Consejo de Estado, para quien ésta no sólo no produce abortos, sino que se trata de un anticonceptivo.

“El ‘levonorgestrel’ (componente esencial del medicamento) no causan ningún daño directo al embrión humano”, señaló la decisión contenida en 25 páginas y emitida por la Corporación, y agregó que “la Organización Mundial de la Salud (OMS) tiene catalogado al levonorgestrel en dosis doble de 0,75 miligramos o únicas de 1,5 miligramos como anticonceptivo de emergencia”.

Un concepto similar propuso el Invima al considerar que “  (…) no produce la muerte de la vida humana, sino que se trata de un anticonceptivo de emergencia que previene el embarazo”.

Profamilia, por su parte, como entidad encargada de la distribución de la ‘píldora del día después’ advirtió que “los hechos en que se funda (la demanda) no son ciertos, puesto que el levonorgestrel está catalogado como un método anticonceptivo de emergencia porque no debe usarse de manera regular.

“Es un tratamiento de emergencia para uso exclusivo dentro de las 72 horas siguientes a la relación sexual no protegida, que previene el embarazo, en lugar de interrumpirlo, ya que el ovario pierde la capacidad de desarrollar una ovulación adecuada, según reportes científicos sobre su forma de actuar, luego no habrá óvulo disponible para la fertilización”, agregó el representante de Profamilia.

De esta manera, la Corporación les salió al paso a los argumentos que señalan a la píldora, que se comercializa en Colombia desde el 14 de septiembre del 2000, como una forma de legalizar el aborto o de acabar con la vida “en sus fases iniciales”.

Gómez Arámbula “no aporta prueba o información científica proveniente de fuente con autoridad sobre la materia”, dijo Ostau De Lafont al cuestionar el sustento usado por el demandante en su demanda y agregó: “Incluso la prueba de esa índole que él solicitó se contrapone o desvirtúa ese carácter abortivo que aduce en la demanda”.

Para sustentar su determinación la Sección Primera tuvo en cuenta varios de los pronunciamientos hechos por la Organización Mundial de la Salud –OMS-, las Naciones Unidas y el Instituto Colombiano de Medicina Legal y Ciencias Forenses.