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Por lo menos 12 bebés incluidos en protocolos de investigación clínica para probar la eficacia de una vacuna murieron en 2007 en tres provincias argentinas.

Según la denuncia de la Federación de Profesionales de la Salud de la República Argentina (FESPROSA), el estudio de fase tres (experimentación en humanos) es patrocinado por un laboratorio multinacional que utiliza niños de familias de bajos ingresos a las que se "presiona y obliga para que firmen los consentimientos legales".

Las fuentes afirmaron que "esto ocurre sin ningún tipo de control estatal" y porque "no se cumple con los mínimos requerimientos éticos".

Familiares de víctimas alertaron sobre presiones para desistir de las demandas y los responsables del estudio respondieron que "los procedimientos se realizan en el marco de la ley".

El rotativo indica que se trata del protocolo llamado Compas, que debe probar la eficacia clínica de una vacuna contra el neumococo.

Tres países latinoamericanos fueron elegidos para los análisis: Colombia, Panamá y Argentina.

El Centro de Desarrollo de Proyectos Avanzados en Pediatría de la provincia de Córdoba fue contratado por la compañía farmacéutica para probar la vacuna en bebés argentinos.

Desde 2007, 15 mil niños menores de un año de los distritos Mendoza, San Juan y Santiago del Estero ingresaron en el protocolo de investigación.

"Sólo murieron 12 en todo el país, lo que representa una cifra mínima si la comparamos con las muertes que se producen por enfermedades respiratorias causadas por el neumococo", aseguró el pediatra Enrique Smith, uno de los principales investigadores.

Como no pueden experimentar en Europa o Estados Unidos, vienen a hacerlo a los países del Tercer Mundo, denunció por su parte la pediatra Ana María Marchese, quien trabaja en el Hospital de Niños de Santiago del Estero, donde se realizan los estudios.

"En Córdoba no les permitieron llevar adelante el experimento y por eso se vinieron para Santiago del Estero, donde los controles son menores", explicó.

Critica asegura que dos diputados pidieron informes al gobierno y a la Administración Nacional de Medicamentos.

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